El Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha iniciado el procedimiento para la retirada de la medalla del mérito al trabajo al dictador Francisco Franco y a otros destacados dirigentes vinculados con la dictadura.
Así lo recoge una resolución de la subsecretaría del Ministerio, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que da cuenta del inicio del proceso de revocación de esta condecoración, en virtud de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, ordenado por la propia ministra.
Díaz ya avanzó en octubre del año pasado que iba a proceder a despojar a Franco y a dirigentes de su régimen de esta distinción, y que su previsión era hacerlo con un total de 62 personalidades que tenían "las manos manchadas de sangre".
En concreto, la retirada se ciñe a una decena de altos cargos de la dictadura, dado que además de Franco figuran antiguos militares y ministros del régimen Juan Yagüe, José Luis Arrese, José Antonio Girón, José Solís Ruiz Jesús Romero Gorría, José María Fernández Ladreda (también exalcalde de Oviedo), el cardenal Enrique Plá y Deniel, el militar y exalcalde de Cádiz José León de Carranza y el empresario y procurador de las cortes franquista Félix Huarte.
Según indica Trabajo, la medida está recogida en el artículo 45.1 de la citada Ley de Memoria Democrática, pues pauta que atendiendo a la antigüedad de los reconocimientos recogidos en estos acuerdos y a la imposibilidad de localizar a las personas físicas o jurídicas que pudieran tener interés legítimo en los procedimientos y a aquellas que instaron la concesión de la Medalla, se procede a dar publicidad al inicio de los procedimientos de retirada de medallas.
"A tal efecto, quienes consideren que pueden tener un interés legítimo sobre el procedimiento, podrán comunicarlo, justificando dicho interés en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente al de la publicación de la presente resolución", ahonda la resolución de Trabajo.
En su momento, Díaz señaló que la desposesión de esta condecoración que otorga el Ministerio se aplica en virtud del artículo 42 de la nueva ley, que habilita la opción de revisar precios y galardones concedidas por el Gobierno cuando el beneficiario haya formado parte del aparato de represión franquista, o por incurrir en conductas incompatibles con los valores democráticos y el respeto a los Derechos Humanos.
La vicepresidenta desgranó que esos reconocimientos a dirigentes franquistas suponen una "infamia" y que es necesario restablecer la "dignidad", "la justicia" y "reparación" acorde con el mandato democrático. "No puede haber zonas de sombra en esta materia", ha ahondado.