Casi el 41% de las mujeres asesinadas por violencia machista este año habían presentado denuncia, lo que supone la tasa más alta desde que se empezaron a recoger estos datos en el año 2006.
Entre los últimos casos, se encuentra un feminicidio ocurrido en Melilla de una mujer de 22 años residente en Oviedo. Según fuentes policiales, la joven se habría desplazado allí para una estancia breve con su hijo de un año de edad.
El presunto asesino se personó un día después del crimen ante dependencias policiales con el bebé en brazos, dijo que era su hijo, que él había cometido el asesinato y se entregó. Tenía una orden de alejamiento que le impedía acercarse a la mujer, quien le había denunciado.
"Si todos estos casos constituyen un fallo del sistema, a más abundamiento lo son aquellos en los que la víctima ha dado el paso heroico de denunciar y confiar en las instituciones", ha dicho la presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona.
Según ha afirmado, en el estudio de los últimos casos similares se han identificado "diversos factores y circunstancias ocurridos en el íter procesal, como excesivo plazo de señalamiento en los juicios, reanudación de la convivencia entre el agresor y la denunciante, acogimiento al derecho a no declarar, falta de coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad, dilación en la entrada de partes de lesiones en el juzgado, poca utilización de los dispositivos electrónicos de seguimiento de las órdenes de protección o falta de valoración eficaz del riesgo de la víctima".
Ha considerado que por este motivo, el observatorio ha propuesto medidas de diversa índole, como "reformas legislativas, implantación de herramientas para una mejor coordinación institucional, implementación urgente de los nuevos formularios de valoración policial del riesgo o puesta en funcionamiento de las unidades de atención de la víctima".
"Es muy importante que las circunstancias y datos de cada caso se compartan en tiempo real entre todas las instituciones que atienden a la víctima. La integración informática de los sistemas que se utilizan en los órganos judiciales, los cuerpos de seguridad, los centros sanitarios y los de asistencia social resulta clave para poder valorar más eficazmente el riesgo y para que la actuación sea lo más inmediata posible con el fin de evitar delitos tan graves", ha afirmado Carmona.
Para la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, hay un elemento común en cada caso y es la falta de implementación de las Unidades de Valoración Forense, que integradas por equipos multidisciplinares de psicólogos, médicos y trabajadores sociales, deberían, según la Ley Integral, hacer una evaluación de cada víctima, cada agresor y el entorno de ambos para ofrecer al juez argumentos de peso a la hora de decidir qué medida de protección adoptar.
"Es lo que más nos preocupa. Estas medidas se han creado en muy pocas comunidades autónomas. Es algo básico y fundamental que, sin embargo, todavía no se ha puesto en funcionamiento", ha explicado Besteiro. Asimismo, ha destacado que "mientras se siga creyendo que lo que hace una mujer al denunciar es aprovecharse para obtener ventajas patrimoniales, seguirán produciéndose resultados desastrosos para ellas y también para otras víctimas".
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