El pasado mes de abril España conoció las terribles imágenes difundidas por la ONG 'Cruelty Free'. En ellas se veía la crueldad extrema que vivían los animales: el maltrato y el sufrimiento a los que eran sometidos monos, perros o cerdos en la empresa de biotecnología Vivotecnia, ubicada en Tres Cantos, Madrid. La Comunidad de Madrid cerró entonces de forma temporal la empresa. Esto sucedió el 9 de abril, pero ni dos meses después, el 1 de junio, Vivotecnica volvía a abrir.

Recuperaba así su actividad con total normalidad y volvía a investigar con animales. "No se puede permitir que estas personas sigan teniendo en sus manos a animales para hacerles lo mismo", denunciaba entonces Raquel Aguilar, secretaria de PACMA (Partido Animalista) en conversación con laSexta. Ahora, con el proceso judicial aún abierto, se ha conocido que Vivotecnia va a matar a 38 cachorros de Beagle en un experimento contratado por la Universidad de Barcelona.

Según revela eldiario.es, la fecha de la ejecución es el próximo 24 de enero. La Universidad de Barcelona, a través de Parc Científic, contrató hace unos meses los servicios de este laboratorio a través de una licitación pública por valor de 255.648,8 euros. En el experimento se trata de testar la toxicidad de un fármaco durante 28 días mediante dosis únicas y repetidas, señala el citado medio.

Y explican que desde la Universidad de Barcelona les han dado dos argumentos para la contratación de Vivotecnia. El primero es que Vivotecnia tiene certificado de Buenas Prácticas de Laboratorio y el segundo es que necesitan realizar la necropsia de los cachorros.

Carlota Saorsa, la persona que destapó con su investigación el maltrato animal que sufrían los "seres de laboratorio" en Vivotecnia, declaró en el juicio que a algunos animales les realizaban la necropsia cuando todavía estaban vivos. Con todo ello, en el debate en las redes está por qué un ente público contrata con dinero de los ciudadanos a un laboratorio sospechosos de estas malas prácticas.

También hay que destacar que tanto el artículo 30 del RD 53/2013, de 1 de febrero, como la Directiva 2010/63/UE, establecen que al final de este tipo de procedimientos se realoje y dé en adopción a los perros y gatos que hayan sido utilizados con fines de investigación, puesto que, tal y como señala la directiva, es obligación evitar la muerte como punto final.

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Esta decisión, según ha informado esta madrugada la dirección del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, afecta también a centros de día, dependientes y de personas con discapacidad.