La Junta de Andalucía ha abierto un procedimiento sancionador por una infracción "muy grave" en materia de seguridad minera al propietario de la finca de Totalán (Málaga) y a la empresa de perforación del pozo en el que murió el pequeño Julen el pasado mes de enero.
En este caso ha concurrido, según se desprende el expediente de la administración andaluza, "riesgo muy grave" para las personas "con resultado de muerte", lo que conllevaría una sanción de entre 300.000 y un millón de euros, según se recoge en la Ley de Minas.
Este expediente sancionador, que la normativa prevé que caduque en un año, se produce al margen de la vía judicial abierta tras la muerte de Julen en el pozo y que está en manos del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga.
En este respecto, el dueño de la finca de Totalán fue llamado a declarar por la muerte de Julen el 22 de febrero en calidad de investigado. Se le imputa un delito de homicidio imprudente. La decisión judicial se da horas después de que la Fiscalía pidiera la citación como investigado del dueño de la finca.
David Serrano se rompió en la rueda de prensa en la que explicó lo sucedido en la finca y aseguraba que el pozo no estaba correctamente señalizado. "El día de los hechos cuando me encontraba preparando aquello advertí del peligro que había, pero el peligro que yo veía era que metieran un pie y se lo torcieran, pero jamás pensé que cabría un niño, no me lo voy a perdonar nunca", aseguraba.
Por su parte, el pocero respondió en unas declaraciones realizadas a Antena 3, en las que asegura que hizo las cosas bien y manda un mensaje a Serrano: "Él puede decir misa". "Él puede decir ahora lo que quiera. Ya está. Yo lo tapé en condiciones y después han modificado aquello y después lo han dejado como les ha dado la gana", cuenta el pocero.
