Hasta 426.000 casos pendientes tenían en los tribunales de lo social a finales de 2023. Muchos, muchísimos. Tantos que son, de hecho, un 16% más que en el año anterior. Todo al final pasa factura a unas personas afectadas tras realizar denuncias a sus empresas y que incluso prefieren no dar la cara por miedo a posibles represalias.

"Me faltan al respeto, me hacen una serie de prácticas injustificables... Se han negado a pagarme una parte de mi sueldo sin un motivo objetivo", cuenta un trabajador que sigue trabajando para la empresa a la que denunció y que ahora mismo está de baja.

Lo peor se lo espera para cuando vuelva: "Sigo de baja, pero me tendré que reincorporar en algún momento a un lugar en el que sé que no me quieren y en el que ellos saben que he denunciado. Si el ambiente era malo, ahora será peor".

La fecha del juicio, todavía muy lejana: "Me lo han dado para el 25 de octubre de 2025. La espera se vive mal".

Y es que cuanto más tiempo pasa más complicado es llegar a un acuerdo, como explica César Ponce, abogado, socio director y fundador de ponce.law: "El trabajador está dispuesto a negociar con la empresa cuando hay una decisión rápida".