José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por uno de los crímenes más mediáticos de los ocurridos en los últimos años en Galicia, la desaparición y asesinato de la joven madrileña Diana Quer, por la que se enfrenta, como autor confeso y único acusado, a la pena de prisión permanente revisable.
El juicio tendrá lugar en los Juzgados de Fontiñas más de tres años después de la misteriosa desaparición de Diana, a la que se perdió la pista el 22 de agosto de 2016, cuando regresaba a su casa de veraneo caminando desde las fiestas de la localidad coruñesa de A Pobra. 16 meses después 'El Chicle' confesó haber sido el responsable de su muerte y llevó a los agentes hasta el pozo en el que se encontraba el cadáver de la joven.
Un proceso con jurado popular, 50 testigos y 40 expertos
El proceso iba a arrancar este lunes con la selección del jurado popular que se encargará de analizar los hechos y emitir un veredicto sobre el crimen. Sin embargo, ha quedado aplazado al 11 de noviembre porque no se ha podido conformar el jurado popular, ya que dos personas han expuesto motivos legalmente aceptados para no participar.
Una vez se conforme este jurado, comenzarán las sesiones de este esperado juicio con la declaración del acusado, en una jornada en la que también está previsto que intervengan como testigos los padres de Diana Quer.
A continuación, se desarrollarán cuatro jornadas en las que declararán más de 50 testigos, entre los que figuran familiares de Abuín Gey, conocidos de la víctima, feriantes, policías locales, buzos que participaron en la reconstrucción, agentes que revisaron grabaciones y pistas o vecinos.
A partir de aquí, se sucederán las periciales, en las que declararán 40 expertos. Entre las pruebas que se analizarán está la identificación del vehículo del acusado captado por la cámara de una gasolinera, un informe de imputabilidad del acusado, un informe grafológico, el análisis del rastreo de los teléfonos móviles, o el análisis de huellas y restos biológicos en el vehículo de 'El Chicle'; además de los dos informes forenses.
Los hechos que llevaron a la confesión de 'El Chicle'
Diana Quer desapareció el 22 de agosto de 2016 cuando regresaba caminando desde las fiestas de A Pobra, en A Coruña. Sus últimos mensajes, su teléfono móvil, desparecido en un primer momento y encontrado después en el mar en Taragoña, la reconstrucción de los últimos pasos o las declaraciones que tomaron los investigadores, sin embargo, no permitieron esclarecer qué había sucedido con la joven.
La falta de pistas con el paso del tiempo fue tan acuciante que ocho meses después, en abril de 2017, el juez instructor, Félix Isaac Anido, decidía archivar provisionalmente la causa "por no existir indicios suficientes para dirigir el procedimiento frente a una persona determinada". Habría que esperar hasta finales de ese mismo año para quese produjese otro hecho delictivo que precipitó el hallazgo del cuerpo de Diana y la detención del autor confeso de su muerte.
Fue en los últimos días de diciembre de 2017, cuando una joven de la vecina localidad de Boiro denunció haber sido víctima de un intento de rapto y agresión sexual (por el que hoy en día está condenado El Chicle) y señaló a Enrique Abuín como el responsable.
Los agentes, que ya lo habían tenido entre los principales sospechosos del caso Quer, lo detuvieron entonces y lo interrogaron hasta que confesó haber sido el responsable de la muerte de la joven y los llevó hasta el cadáver. El 31 de diciembre, el cuerpo de Diana Quer era recuperado de un pozo ubicado en el interior de una nave industrial abandonada en Asados, en Rianxo, próxima a la vivienda de los padres de su presunto asesino, 500 días después de su desaparición.
Desde la última semana de octubre y hasta mediados del mes de noviembre, Abuín Gey volverá a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por la agresión a una mujer. En esta caso, sin embargo, los cargos que se le imputan son todavía más graves, y pasan por los delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal, por los que podría ser condenado a la pena máxima, prisión permanente revisable.
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