El guardia civil de 'La Manada' acude serio y sin querer hacer declaraciones a la vista que estudia su reingreso en prisión

Antonio Manuel Guerrero, según ha informado la Policía Nacional, se personó en la oficina del pasaporte y DNI de Tablada (Sevilla) para renovar el pasaporte, que debe entregar en el juzgado al haberle sido retirado por la Audiencia de Navarra en el marco de las medidas cautelares impuestas para su libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros, que le impiden salir del país.

Por este motivo, la Fiscalía ha solicitado la medida cautelar de ingreso en prisión de Guerrero ante el "riesgo de fuga" manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida "expresamente acordada" en el auto de que "no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro".

Jesús Pérez, abogado del guardia civil, uno de los cinco miembros de 'La Manada' condenados, cada uno de ellos, a 9 años por abusos sexuales a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, ha achacado lo ocurrido a un "malentendido quizás por parte de la Policía".

El abogado ha explicado que Guerrero "se presentó en la Policía informando de su situación y si debía hacer algo", ya que creía que tenía el pasaporte caducado pero "no lo sabía seguro y quería preguntar cómo debía actuar" e "incluso si tenían que quedárselo allí la Policía".

Esta versión es diferente a la facilitada por la Policía, que ha remitido a la Audiencia de Navarra un oficio en el que insiste en que Guerrero se presentó en una oficina para renovar su pasaporte y alegó que lo hacía porque lo había perdido.

Dicho informe, firmado por el jefe superior de Jefatura de Andalucía Occidental de la Policía, José Antonio Pérez, subraya además que "en ningún momento" el guardia civil exhibió el auto de la Audiencia de Navarra por el que quedó en libertad provisional bajo fianza.

La vista de este jueves en Pamplona será seguida por Guerrero y su abogado por videoconferencia desde la Audiencia de Sevilla. En la vista, el fiscal expondrá los motivos por los que pide el reingreso en prisión del guardia civil; después intervendrán las acusaciones -la particular ejercida por la víctima y las populares del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona-; y, finalmente, el abogado del guardia civil presentará sus argumentos ante los magistrados.

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