"Una absoluta vergüenza". Desde el Ministerio de Igualdad califican así la sentencia que reduce la pena a un violador aludiendo a la cultura gitana. La Audiencia Provincial de León argumenta que es tradición que las gitanas se casen a partir de los 12 años y que la víctima, que tenía esa edad, ya había tenido relaciones sexuales un año antes. Entonces: ¿las niñas gitanas no merecen la misma protección que el resto de los menores?

Cuando iniciaron la relación ella tenía 12 años. Él el doble, 24. Según la sentencia, la joven tuvo 3 hijos fruto de, al menos, 3 agresiones sexuales. Pero, para la Audiencia Provincial de León, fueron relaciones consentidas, argumenta al tratarse de costumbres gitanas.

"Ya que, según las costumbres gitanas las niñas se casan a partir de los 12 años y, un año antes habia empezado a tener relaciones sexuales completas, sabiendo que se podía quedar embarazada", se ha indicado en la sentencia. Así rebaja la condena de los 37 años que pedía inicialmente la Fiscalía, a 8 años de prisión por agresión sexual continuada a una menor de 16 años.

Además, 9 meses de prisión y 80 días de trabajo en beneficio de la comunidad por el maltrato físico y psicológico. Un argmento duramente criticado por el Ministerio de Igualdad.

"¿Hubiera tenido el mismo efecto la sentencia si no hubiera sido una niña gitana y el acusado no hubiera sido gitano? Ahí es donde tendríamos que debatir", ha expresado Micaela Carrillo, Directora General de Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo.

La sentencia de la Audiencia Provincial de León, se apoya en esta otra del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en un caso similar. Aunque desde el TSJ matizan: en esa ocasión el argumento no eran "las costumbres gitanas",aunque sí aparecían en la sentencia, sino que la diferencia de edad entre ambos (de 7 años) no era excesiva.

Aún así, para organizaciones en defensa de los derechos de la infancia, estos argumentos reflejan una visión estereotipada hacia la comunidad gitana. "Una niña de etnia gitana no tiene menos derecho a estar protegida que una niña que no lo es", ha expresado Catalina Perazzo, Directora de Incidencia Social y Política de Save The Children.

Según el TSJ esta nueva sentencia ha llegado tras un acuerdo entre Fiscalía y acusaciones y aún puede ser recurrida.