El Gobierno de la isla de Bali asegura que protegerá la "privacidad" y el "confort" de los turistas después de que el Parlamento de Indonesia aprobara la semana pasada una reforma del código penal que penaliza el sexo extramarital con hasta un año de cárcel, entre otras medidas. "Los extranjeros que visiten o vivan en Bali no deben preocuparse por la puesta en marcha de la reforma del código penal", asegura Wayan Koster, gobernador de Bali, en un comunicado divulgado la noche del domingo.
En el mismo, Koster trata de calmar los ánimos y afirma que Bali, excepción de mayoría hindú en el país con más musulmanes del mundo, "continuará siendo Bali", asegurando el respeto a "la privacidad y el confort" de los visitantes. El gobernador dice que "no habrá ningún tipo de comprobación sobre el estatus civil (del visitante) en los alojamientos turísticos, como hoteles, villas, apartamentos o spas, ni ninguna inspección sobre el estado marital por parte de agentes oficiales. Se garantiza la confidencialidad de los datos personales durante la estancia".
Los comentarios responden a las críticas, tanto domésticas como externas, después de que el Parlamento de Indonesia aprobara el martes pasado una amplia reforma del código penal que incluye la prohibición de cualquier relación sexual fuera del matrimonio, con penas de hasta un año de cárcel. El Gobierno indonesio ha tratado de matizar el impacto de la reforma, bajo la que también están sujetos extranjeros residentes en Indonesia y turistas, y el ministro de Interior y Derechos Humanos indonesio, Yasonna Laoly, subrayó la pasada semana la "imposibilidad" de que alguien sea detenido sin denuncia previa.
Esta, reiteró, solo puede ser realizada por parientes cercanos, como padres, esposos o hijos, en el caso del sexo extramarital. La reforma también proscribe la apostasía, además de los insultos al presidente, entre otras enmiendas denunciadas como "antidemocráticas" por decenas de ONG. Los cambios deben ser ahora refrendados por el presidente, Joko Widodo, lo que se espera que ocurra en un periodo de treinta días, momento a partir del cual se abre un plazo de tres años en el que la reforma puede ser disputada ante el tribunal constitucional.
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