Unos 300 bomberos de 24 parques comarcales de Galicia se han manifestado en ropa interior ante la sede de la Diputación de A Coruña para exigir mejores condiciones laborales, en el marco de las movilizaciones que están llevando a cabo con motivo de la huelga que mantienen desde mediados de junio. Además, han hecho a las administraciones implicadas, Xunta y diputaciones provinciales, llamamientos a negociar. Aseguran que tienen peor condiciones económicas que el resto de España.
Entre otras cuestiones, ha denunciado que los salarios se sitúan en unos 1.200 euros al mes por trabajar 40 horas, sin que se recojan conceptos como la peligrosidad, y ha añadido que no hay "dotaciones seguras" al ser de media tres personas. "No somos ni siquiera un binomio para rescatar a un compañero", ha expuesto el presidente del comité de huelga que ha lamentado el trato "como delincuentes" en la movilización, al ser identificados "uno por uno" por parte de la Policía.
Entre sus peticiones están un convenio colectivo a nivel autonómico, unificado para todas las provincias según su profesión; mayor dotación de medios técnicos y de recursos humanos, así como fijeza en el empleo de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo de enero de 2022. El presidente del comité de huelga, Ángel Moldes, ha hecho un nuevo llamamiento al diálogo a las administraciones, de las que ha asegurado no saben "nada" desde que anularon la reunión prevista para el pasado día 9.
Otro bombero, Adrián Pena, de O Morrazo, ha explicado que lo que reclaman son "mejoras para el servicio". "Económicas, sociales y más personal", ha citado. En este último caso, ha reiterado que están "bajo mínimos, con dotaciones de tres personas por parque, que no da ni para cumplir". Además, ha recalcado que llevan 20 años con estas reivindicaciones.
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En la misma línea, Jorge Esteban Gómez, del Consorcio Provincial de Pontevedra, ha denunciado la situación "desigual" respecto a otros bomberos como los de los ayuntamientos. "Estamos muy cortos de material, de personal y de salario, es una situación que arrastramos", ha asegurado para incidir en que son "20 años de hartazgo". "No entendemos por qué los políticos no quieren resolver el problema, el diálogo implica hablar", ha dicho al pedir una mesa de negociación.
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Localizaba establecimientos con un único trabajador, realizaba su pedido y al proceder al pago, aprovechando el despiste del dependiente, lo amenazaba con un arma hasta que le entregaba el dinero de la caja registradora.