El amianto era uno de los materiales más comunes en la construcción hasta 2002, cuando fue prohibido tras comprobarse que produce enfermedades como el cáncer de pulmón, por lo que la Unión Europea fijó 2028 como fecha límite para su eliminación de cualquier edificio. Este proceso es un problema en Cataluña, donde prácticamente todos su municipios, 945 de 947, cuentan con construcciones que contienen amianto, según un informe del Defensor del Pueblo. Además, tan sólo 259 de esos municipios han elaborado informes para que la Generalitat pueda operar.

La situación se agrava aún más cuando de esos 259 municipios, que ya cuentan con informes, tan sólo 27 tienen una fecha fijada para sustituir el amianto. Aunque los vecinos no son conscientes de la situación, como constata Juan María Soler, portavoz contra el amianto de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB): "No somos conscientes de que es un elemento cancerígeno de primer orden. De hecho el viento, el aire y la lluvia van desprendiendo esas fibras y van contaminando a la gente que está alrededor".

Este material tiene una vida útil de 20 a 50 años. A partir de esa fecha, las sustancias tóxicas son más agresivas. Otro problema añadido es el coste de su eliminación, concretamente, eliminarlo de un tejado de 50 metros cuadrados puede llegar a costar más de 3.000 euros.

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