Hasta 22 mujeres y 20 menores viven en el Centro de Recuperación Integral para Mujeres y Menores Víctimas de Violencia Machista de Madrid, donde se les ayuda de forma integral. Desde que abrió sus puertas hace 30 años, han atendido a 700 mujeres y protegido a 800 menores. Se trata de un servicio pionero, anterior incluso a la ley integral de violencia machista. Sin embargo, ahora esta casa de esperanza donde se rehacen las vidas y se recupera el futuro está en peligro por falta de financiación.
Ante esta situación, un equipo de laSexta se ha desplazado hasta el centro y se ha citado con algunas de las trabajadores, quien han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el centro cierre. "No me puedo imaginar que se cierre el centro", manifiesta al respecto una de ellas, mientras que otra advierte de que, si esto ocurre, se estaría "poniendo en riesgo la integridad física y emocional de las mujeres que ahora mismo están en este centro, y las de sus hijos e hijas".
El problema está en quién debe hacerse cargo de su financiación. Según una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017, las competencias son autonómicas. Precisamente, Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia machista, anunció que la Comunidad de Madrid va a recibir cerca de 17 millones de euros para el desarrollo de planes y programas de asistencia social directa a víctimas".
Por este motivo, el Ministerio de Igualdad ha instado a la Comunidad de Madrid a que dé una respuesta, aunque según esta última, la asociación que gestiona este centro sí ha recibido financiación en los últimos años, aunque defienden que quien debe financiar su funcionamiento es el Gobierno central.
Y mientras, las cuentas no salen: "El centro, para que pueda seguir funcionando a pleno rendimiento, necesitaría unos 800.000 euros", subraya Juani Aguilar, trabajadora social del centro. De momento, este año solo han recibido unos 300.000 euros entre las ayudas del Estado y las de Madrid, por lo que "faltarían unos 400.000 euros para poder llegar a diciembre de 2022", tal y como señala Aguilar.
Si eso no ocurre, no podrán seguir ayudando a víctimas de violencia machista, por ejemplo, con temas judiciales. En este sentido, Olga Pérez, abogada del centro, indica que a estas mujeres "les cuesta manejarse y enfrentarse a una comisaría, acceder a un juzgado, y el lenguaje jurídico no lo entienden".
Además, se romperían todos los procesos de atención integral, que tienen una duración de 18 meses. "Trabajamos todo el tema de orientación formativa y laboral", apunta Carmen Acebes, psicopedagoga del centro, quien destaca que su objetivo es que las mujeres logren "autonomía e independencia".
De cumplirse el peor de los pronósticos, se pondría fin a a un centro pionero que ha sido y es un ejemplo de atención a víctimas de violencia machista a nivel internacional.
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