Han pasado 23 años desde la ruptura de la balsa minera que destrozó casi 5.000 hectáreas por el vertido de lodos tóxicos en Aznalcóllar (Sevilla). La limpieza le costó a la Junta de Andalucía casi 90 millones de euros. "La empresa (Boliden, de Suecia) solo limpió un tramo, en la zona de Guadiamar, y no lo hizo muy bien según los resultados", ha denunciado Juan Carmona, miembro del Fondo Mundial para la Naturaleza (WFF).
Este lunes, Juanma Moreno, presidente andaluz, ha reconocido que están intentando llegar a un acuerdo con Boliden: "La Administración de Justicia emplaza a las partes a llegar a un acuerdo amistoso. Nos gustaría que en menos de un año se produjera". En contraposición, culpa de la paralización al Gobierno central: "Nos encontramos con un problema: que una de las partes de la administración, que es el Estado, considera que no hay que llegar a un acuerdo puesto que ha habido sentencia".
Una sentencia del Tribunal Supremo que ratificó la multa de 43 millones de euros que el Gobierno impuso a Boliden, y que la empresa esquivó declarándose en quiebra. Desde el Ministerio de Transición Ecológica, la ministra Teresa Ribera ha insistido en que entienden y respetan "que Boliden hable con la Junta de Andalucía de lo que le parezca con respecto a la recuperación de costes en los que incurrió la Junta, pero esto no significa que el Estado vaya a renunciar a absolutamente nada de lo que ya tiene reconocido por sentencia".
Por su parte, el alcalde de Aznalcóllar urge que se llegue a una solución cuanto antes: "No podemos dormirnos en los laureles ni en los despachos. No podemos estar con un papel en un rincón de la mesa, que se ve muy claramente y no pesa. Pero la barriga hay que llenarla todos los días, pagar la hipoteca, la luz y el agua". Por eso, espera que se reabra la mina que podría dar trabajo a 1.000 personas.
No tenía antecedentes
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