Las primeras 1.221 temporeras de la campaña de frutos rojos de Huelva del programa de Contratación en Origen con Marruecos han iniciado este sábado el regreso a su país, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Migraciones.
El director general de Migraciones, Santiago Yerga, que se ha desplazado a Huelva para supervisar el operativo, ha destacado cómo los esfuerzos del Gobierno empiezan a "dar sus frutos" y "se empieza a poner fin a la situación de bloqueo en que se encontraban estas trabajadoras".
El pasado 25 de junio, la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul Muro, viajó a Andalucía para mantener dos días de reuniones y abordar de cerca las necesidades de sindicatos y empresarios agrícolas en relación con el programa de Contratación en Origen. En ese momento, trasladó a todos los colectivos "un mensaje de tranquilidad" ante la situación "excepcional" ocasionada por el COVID-19 en relación con la prolongación de la estancia de las trabajadoras.
La expansión de la pandemia impidió que todas las mujeres que debían participar en el programa llegaran a España, aunque había un contingente de temporeras que ya lo habían hecho y que necesitaban protección jurídica. Por eso, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prorrogó las autorizaciones de residencia y trabajo de los trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo fuera a concluir entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020.
Así, quedaron protegidas jurídicamente las más de 7.000 temporeras que habían llegado a España antes de la entrada en vigor del estado de alarma, y que han permanecido más allá de la expiración de sus contratos.
Además, la Dirección General de Migraciones prolongó el 20 de mayo automáticamente y con una vigencia de seis meses todas las autorizaciones de residencia y/o trabajo que fueran a vencer durante el estado de alarma, para terminar con la inseguridad jurídica que dicha situación causaba tanto a los extranjeros que residen y trabajan en España, como a los agentes sociales y económicos.
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Han sido arrestados en Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Madrid, Tarragona y Málaga. Le pedían tener encuentros y material pornográfico. Están acusados de agresión sexual y corrupción de menores.