El juez que instruye el caso contra la trama de empresarios y proxenetas, acusados de crear una red de prostitución de menoresen 2014 en Murcia, ha ordenado la suspensión de las penas de cuatro de los agresores sexuales, que no entrarán en prisión. El magistrado ha tomado esta decisión a pesar de las manifestaciones convocadas por los vecinos y la indignación vecinal.
Durante la sesión de este lunes, Juan Castejón Ardid, empresario alicantino y principal condenado por cinco delitos de prostitución y corrupción de menores, ha manifestado su arrepentimiento ante el juez. También lo ha hecho el empresario de Lorca Antonio Pelegrín, acusado de dos delitos de prostitución y corrupción de menores, quien ha testificado que "en la vida hay momentos que no deberían pasar ni existir". "Me arrepiento, me arrepiento de todo", manifestaba José Antonio Arce, otro de los implicados.
El único de los imputados que no ha pedido perdón ha sido José Jara Albero, sobre el que pesaba la acusación de un delito de prostitución y corrupción de menores. De hecho, a la salida del juzgado se ha mostrado hostil con las cámaras: "No borréis nada".
El fiscal ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, confía en que "estas personas acaben en la cárcel, que es donde deben estar".
Sin embargo, y por el momento, la Audiencia Provincial de Murcia ha decretado que los cuatro empresarios no puedan cometer ningún otro delito adicional en los próximos cuatro años, cursar un programa de reeducación sexual y no acercarse a las víctimas.
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Lo que no se ha decidido en la sesión de este lunes ha sido el futuro de una de las principales proxenetas de la trama, quien ha asegurado que quiere "pedir disculpas por el pasado y por los hechos cometidos", a lo que el fiscal ha respondido que "el sistema no puede volver a fallar a estas menores que fueron prostituidas". Por otra parte, la Justicia debe revisar aún la condena de siete de los condenados.
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