El anciano, con 90 años, padecía demencia senil y estaba incapacitado legalmente a causa de su enfermedad. La procesada, de 42 años, prestó servicios de empleada de hogar y cuidadora para él entre enero de 2011 y marzo de 2012, un periodo en el que logró que el enfermo la autorizara a operar con sus cuentas o la nombrara cotitular de otras que acababa de abrir.
Desde enero de 2011, cuando tenía 83 años, el anciano padecía pérdidas de memoria, desorientación y alteraciones del equilibrio debido a un importante deterioro intelectual y grandes limitaciones físicas por parkinson.
En marzo de 2012 fue ingresado en un hospital psiquiátrico de Alicante, donde se le diagnosticó una demencia degenerativa en estado severo que motivó su incapacitación legal por un juzgado cuatro meses más tarde. Según la resolución judicial, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, la cuidadora se apropió al menos de 177.811 euros de los 240.000 que la víctima había cobrado por la venta de un ático en Alicante.
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Lo hizo a espaldas de los hijos del perjudicado, con los que éste no mantenía una buena relación, a través de múltiples transferencias bancarias o extracciones en efectivo en sucursales bancarias y cuando los síntomas de la enfermedad mental del anciano eran muy evidentes. La acusada dejó prácticamente vacías las cuentas del hombre, según señala el tribunal.
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Localizaba establecimientos con un único trabajador, realizaba su pedido y al proceder al pago, aprovechando el despiste del dependiente, lo amenazaba con un arma hasta que le entregaba el dinero de la caja registradora.