Una joven de 15 años de la provincia de Jambi, en la isla indonesia de Sumatra, fue sentenciada en julio después de que un juez la declarara culpable de abortar, según han informado grupos defensores de Derechos Humanos como Amnistía Internacional.

Su hermano, de 18 años, ha sido encarcelado durante dos años por agredir sexualmente a una menor, mientras su madre también ha sido detenida por ayudar a llevar a cabo el aborto, según ha afirmado Amnistía Internacional.

Budi Wahyuni, vicepresidenta de la Comisión Nacional contra la Violencia contra la Mujer, respaldada por el Gobierno, ha calificado el castigo de la niña como una "gran injusticia". "Fue violada y ahora encarcelada. Es una doble injusticia. Todas las mujeres deben tener el derecho a decidir sobre el aborto y no estar sometidas a ningún castigo", ha señalado Wahyuni por teléfono a Reuters.

El aborto es ilegal en Indonesia, el país musulmán más grande del mundo, a menos que la vida de la madre esté en riesgo o se realice en determinadas circunstancias, como la violación. El procedimiento, sin embargo, debe realizarse como mucho a las seis semanas de embarazo, o la mujer puede enfrentarse a hasta cuatro años de cárcel. Aquellos que ayudan a llevar a cabo un aborto pueden ser sentenciados a hasta 10 años.

La niña de 15 años estaba aproximadamente de seis meses de embarazo, según las autoridades. Pidiendo la legalización, Amnistía Internacional ha señalado que negar a una víctima de violación un aborto viola su derecho a no ser sometida a torturas ni a ningún trato inhumano. "Indonesia tiene la obligación legal bajo las leyes internacionales de Derechos Humanos de garantizar que las víctimas de violación o incesto puedan tener acceso oportuno a un aborto legal y seguro", ha afirmado el grupo en un comunicado.

Varios grupos defensores de derechos de los niños y las mujeres presentaron el lunes una denuncia ante la Comisión Judicial de Indonesia, exigiendo que se revise el veredicto y acusando al juez de actuar de manera poco ética.

"El juez debería haber tenido en cuenta los antecedentes de este caso. Ella es claramente una víctima", ha asegurado Genoveva Alicia, del Instituto para la Reforma de la Justicia Criminal, una organización sin fines de lucro con sede en Yakarta y uno de los grupos que presentaron la queja.

Alicia ha manifestado que muchas mujeres y niñas, especialmente en áreas rurales, no son conscientes de que están embarazadas en las primeras seis semanas. La criminalización del aborto obliga a algunas a abortar de forma insegura, mientras que otras deben casarse, incluso si son niñas, ha añadido.

"En este caso, la niña no debería estar cumpliendo su condena ahora. Lo que necesita es apoyo y asesoramiento", ha recalcado Alicia. "Ella debe ser liberada", ha aseverado.

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