La poca oferta de viviendas y los desorbitados precios del alquiler están llevando a los españoles a situaciones inéditas, llenas de abusos e, incluso, delitos. Y es que en el último año se han duplicado las falsificaciones de nóminas y contratos para poder acceder a un alquiler. Son datos de la correduría de seguros inmobiliarios Arrenta que al hacer estudios de viabilidad de los inquilinos han descubierto estas tretas.

En una conocida web de anuncios, encontramos el de Héctor. Él se ofrece públicamente en la plataforma a falsificar la nómina o el contrato para poder acceder sin problema a un piso de alquiler. Se trata de poder pasar todos los requisitos necesarios, de convertirse en el candidato perfecto para el casero.

"Yo conozco gente que se lo ha planteado, o sea que la única opción que le ha quedado es valorar editar el contrato", cuenta una joven a los micrófonos de laSexta. Desde la correduría de seguros Arrenta nos dicen que es un fenómeno que se ha duplicado desde que entró en vigor la nueva ley de vivienda.

Desde hace un año hay muchas más falsificaciones. Los propietarios cada vez contratan más seguros de impago y ellos son los encargados de hacer el estudio de viabilidad del inquilino. "Hemos detectado la falsificación en los documentos que se presentan. El propietario pide una estabilidad laboral y que no se destine más del 35% o 40% de la renta al alquiler", explica Mercedes Robles, director general de Arrenta.

Hay poca oferta y muchos inquilinos, lo que hace que los caseros tengan mucho donde elegir. La criba pasa por pedir cada vez más requisitos. "Tres nóminas, contrato indefinido..." o "una captura del dinero que tienes en el banco" son algunos requisitos que ya conocen todos los que se disponen a alquilar un piso.

Pero falsificar estos documentos es un delito. "Es un delito tanto para el que confecciona la nómina como para el que la presenta a sabiendas de que está presentando algo falso para hacer ver que tiene una solvencia que no es real", afirma Rubén Martín de Pablos, presidente de la Sección de Abogados Penalistas ICAM.

El que comete este delito podría ser castigado por uno de inducción a la comisión de un delito de falsedad en documento público, oficial o mercantil con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 12 meses.

Imagen de archivo de agentes de la Ertzaintza

Uno de ellos en estado grave

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