Un nuevo informe del Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita (2024-2025) ha revelado cifras preocupantes sobre el consumo de contenidos editoriales digitales en España. Según el estudio, un 67,5 % de los consumidores accede a libros, periódicos y revistas a través de canales ilícitos. Alarmantemente, el 40 % de estos usuarios no tiene conciencia de que están participando en prácticas de piratería. Este fenómeno ha sido calificado por expertos como una situación "normalizada" que requiere atención urgente.

La presentación del informe tuvo lugar el martes pasado, a cargo de la presidenta del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Carmen Riera. La investigación, realizada por Qbo Investigación y Estrategia sobre una muestra representativa de 2.600 personas en mayo de este año, arroja luz sobre las motivaciones detrás de esta conducta ilegal. Un 74,3 % de los encuestados argumenta que la tecnología ha facilitado el acceso a contenidos digitales, mientras que el 49,5 % señala que los altos precios de los productos originales son un obstáculo para su consumo.

El estudio también encontró que el 80 % de los participantes considera imprescindible la implementación de campañas informativas eficaces que aborden la piratería. Otros factores que contribuyen a esta práctica incluyen la falta de información sobre la legalidad de los contenidos, la dificultad para encontrar publicaciones en tiendas físicas, la sensación de impunidad y la percepción de que los materiales digitales carecen de valor debido a su naturaleza no tangible. De hecho, el informe destaca que "el 30 % de los consultados descarga más de lo que realmente lee", lo que refleja una cultura de consumo desmedido y despreocupado.

En la presentación del informe, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, reaccionó ante estos datos, considerándolos una "alerta" que debe ser atendida con urgencia. De la Rosa enfatizó que el Ministerio de Educación ha comprendido el mensaje y se ha comprometido a desarrollar estrategias normativas y educativas para reducir la incidencia de la piratería. "La piratería es un latrocinicio, un robo y un desprecio a la labor cultural de autores y editores", subrayó, destacando, la necesidad de proteger el trabajo creativo en el ámbito digital.

En un enfoque más personal y simbólico, la escritora Rosa Montero se dirigió a quienes cometen piratería con pleno conocimiento de causa. En su misiva, instó a no utilizar el término "pirata" para referirse a estos individuos, argumentando que el término correcto es "ladrón, estafador y abusón".

El informe también revela que, paradójicamente, muchos encuestados encuentran diversión en la piratería. Para algunos, la actividad se convierte en una experiencia adictiva, similar a la de compartir contenidos digitales de manera gratuita a través de aplicaciones como WhatsApp, Telegram y redes sociales. Un 20 % de los participantes admitió que este comportamiento les confiere una sensación de "prestigio".

Soluciones

El informe concluye proponiendo que la administración pública implemente políticas de apoyo a la cultura escrita, reconociendo su valor como patrimonio cultural y su papel fundamental en el futuro de la sociedad. Este apoyo debe traducirse en acciones concretas que promuevan los derechos de propiedad intelectual y en campañas específicas que sensibilicen sobre los riesgos y consecuencias de la piratería.

Asimismo, se recomienda una educación centrada en el respeto a la propiedad intelectual, orientada especialmente hacia la comunidad educativa, para formar ciudadanos informados y responsables en su consumo de contenidos digitales.