Los padres de un menor de 15 años que sufrió presuntamente una agresión sexual por dos compañeros de instituto en Cervera (Lleida) han presentado una denuncia contra la Generalitat por no investigar este delito y retirar la custodia posteriormente del menor por motivos no fundamentados.

Según han explicado a EFE el abogado de la familia, José Antonio Sires, del bufete sevillano Sires Abogados, la denuncia se fundamenta por la decisión de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) del pasado 25 de julio, cuando emitió una resolución ordenando la retirada del menor y su ingreso en un centro de menores, sin haber investigado, al parecer, los abusos cometidos desde el pasado 24 de enero. Los hechos se habrían producido como culminación a un caso continuado de acoso escolar presuntamente por parte de dos alumnos que cursaban tercero de la ESO, y los abusos se habrían producido en un aula de un instituto de esta localidad catalana.

Los padres denunciaron ante los Mossos que varios alumnos habían hecho tocamientos a su hijo, por lo que se abrieron diligencias y el caso se trasladó a la Fiscalía de Menores de Lleida, indicando en la denuncia que el menor fue acorralado contra una ventana, desnudado contra su voluntad y fue víctima de tocamientos. La situación provocó que el menor no fuese a clase durante dos semanas, pero al volver se repitió la situación de acoso, que no cesó tras el cambio de clase de los agresores, por lo que los padres decidieron trasladar de instituto a su hijo.

Denuncia por "sobreprotección"

A pesar de estar en otro instituto, uno de ellos lo seguía y la madre tenía que acompañar a su hijo por miedo a que lo agredieran y llegó a presentar denuncia ante la Policía Local, ya que "incluso iba a la puerta de su casa, donde la madre realizó fotografías del menor merodeando por la zona", aunque al hacerlo público, Educación lo denunció a Infancia por desamparo por una supuesta "sobreprotección" y le fue retirada la tutela.

Tras el estudio de los antecedentes y de la documentación que obra en el expediente administrativo de la DGAIA, se ha presentado querella criminal dado que estas conductas "no pueden considerarse impunes y mucho menos aceptables en un centro de menores donde se encuentran niños tutelados por la administración pública".

De igual modo, se solicita a la Fiscalía de Menores que intervenga para determinar la situación del menor en el centro donde se encuentra, así como una responsabilidad civil y por los daños morales causados. A la vista de todas las pruebas presentadas, "queda acreditado que la situación de vulnerabilidad del menor nunca ha existido, siendo el acoso escolar sufrido a lo largo de los años lo único que ha padecido el menor y no la existencia de riesgo en el ámbito familiar".

Sires Abogados ha presentado un recurso de oposición al acuerdo de desamparo provisional mediante demanda al juzgado de familia, así como una querella criminal por un presunto delito de omisión de perseguir delitos de acoso y agresión sexual, contra el centro educativo y contra el inspector de zona del mismo instituto.

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