A pesar de los informes que acreditan su situación de vulnerabilidad y que la ley la ampara, a Zohra y su familia los han desahuciado. Los agentes llegaron el miércoles a primera hora de la mañana para hacerlo. A esa hora el sindicato de inquilinos ya estaba dentro para evitarlo, incluso uno de los activistas se colgó de la ventana amenazando tirarse, pero no pudieron hacer nada.
Finalmente Zohra terminó siendo desahuciada de su piso en el que vivía desde hace diez años. Como denuncia Valeria Raco, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, se trataba de una infravivienda, ya que ella vivía junto a su familia en una habitación compartida sin cocina. "El propietario tiene 27 casas", denuncia Racu.
Zohra llevaba cinco años esperando una vivienda social, pero no se la han concedido hasta ahora, que ha sido desahuciada de su casa.
Por su parte, el Sindicato de Inquilinos califica ese desahucio como ilegal porque "el Real Decreto dice que no se puede echar a familias vulnerables, pero el juez no lo ha querido aceptar", sostiene Racu. "La situación la ha resuelto el juez de acuerdo a su entender y en base a las pruebas e informe de los Servicios Sociales", explica Alberto Torres López, abogado y presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos del ilustre Colegio de la abogacía de Madrid.
Aunque el juez no lo haya aceptado, dice Zohra, ella sí está en esa situación de vulnerabilidad. Entre su marido y ella ganan 950€. "Yo no quiero vivir gratis, quiero alquilar", manifiesta ella misma.
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