Agentes de la Policía Nacional han desarticulado a un grupo afincado en Madrid, relacionado con una organización criminal internacional especializada en el fraude de falsos alquileres de apartamentos ubicados en las principales zonas turísticas de toda España.
Hasta la fecha se ha detenido a 45 personas y hay más de 55 investigados, la mayoría de ellos ciudadanos de nacionalidad rumana residentes en Madrid, según indica la Policía Nacional en una nota de prensa. Su actividad en los últimos años, a juicio de los investigadores, ha sido frenética, sobre todo, en épocas de máxima demanda de inmuebles como la temporada estival.
Las cuantías estafadas por persona rondaban los 1.000 euros, aunque a muchos les pedían varias mensualidades o fianzas y les cobraron más de 3.000 euros. Se estima que podrían haber conseguido un perjuicio total superior a los 400.000 euros.
Los estafadores ofertaban alquileres por Internet en las principales páginas web del sector y para ello utilizaban redes wifi públicas o hackeadas. Cuando alguien se interesaba por una vivienda, le derivaban para que el pago se realizara fuera de la plataforma aduciendo cualquier excusa, como que los arrendadores residían en el extranjero, y les solicitaban el ingreso en cuentas bancarias de particulares, transferencias a través de herramientas de banca online, o giros a entidades de pago.
Otra de las argucias que utilizaban los ciberdelincuentes era la de crear páginas web simuladas con todas las características de las originales, lo que hacía pensar a los potenciales clientes que se encontraban dentro de las plataformas web legítimas. En estas páginas web falsificadas obtenían las numeraciones de las tarjetas bancarias de las que luego hacían un posterior uso fraudulento, con lo que al dinero estafado por el alquiler se le unía el dinero estafado con las tarjetas, realizando compras de artículos en el extranjero.
Al menoscabo sufrido por las víctimas por la pérdida de su dinero se une la usurpación del estado civil. Las víctimas enviaban a los estafadores copias de sus documentos de identidad, permisos de conducir, pasaporte o incluso selfies sosteniendo dichos documentos. En otras ocasiones, realizaban copias digitales de documentación de inmuebles publicados en ofertas legítimas de Internet, el estafador se interesaba por el arrendador y pedía documentos que luego utilizaba para sus falsos anuncios de alquileres.
Toda esta documentación, una vez en poder de la organización, era usada para publicar anuncios falsos por lo que las propias víctimas podían llegar a ser denunciadas, pasando a ser presuntos estafadores, ya que su documento de identidad era el que hacían circular por Internet. Los investigadores han analizado más de 500 denuncias en toda España, detectándose cientos de cuentas bancarias abiertas en nuestro país a nombres de 'mulas' o de identidades falsas, mayoritariamente de ciudadanos de países de Europa del Este.
Fruto de las gestiones realizadas se ha identificado y detenido a varios miembros pertenecientes a la cúpula de la organización, que actualmente se encuentran en prisión. Uno de ellos, estaba siendo buscado por EUROPOL y se había ocultado en España bajo la identidad de hasta tres personas diferentes, para lo cual usó varios documentos falsificados de distintas nacionalidades.
Muchas de las consecuencias de la actividad de esta organización han sido especialmente alarmantes. Familias enteras se han trasladado desde terceros países hasta España en avión y al llegar al lugar de destino han descubierto la trampa de la que han sido objeto.
Muchos de los estafados han sido denunciados como estafadores, y han recibido citaciones policiales o han tenido que acudir a juicios a defender su presunta participación en los hechos. Algunos de los perjudicados han estado a punto de ser detenidos y por último algunos de los documentos de identidad de ciudadanos españoles han sido usados para delinquir en el extranjero, y viceversa, los de víctimas extranjeras han sido usados en España.
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La operación policial sigue abierta, no descartándose nuevas detenciones. La investigación ha sido desarrollada por el grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Cádiz con la colaboración de otros grupos policiales de Zaragoza, Madrid y Valladolid.
