Las víctimas de la violencia machista siguen sin confiar en el sistema. Buscar una solución es la prioridad del Gobierno, que asegura que "hay que dar seguridad a las mujeres para que denuncien".
El 13% de ellas no lo hacen por miedo a no ser creídas y un 28% manifiesta inseguridad durante el proceso, según un último estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista.
Por eso, la primera medida que pondrán en marcha será la 113 del Pacto de Estado: el acompañamiento judicial. El objetivo, tal y como ha explicado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, es "salvar esa brecha de no ir solas" y "que el proceso penal no sea un revictimización y un nuevo motivo de sufrimiento".
De media, según estos datos, las mujeres tardan más de ocho años en dar este paso y casi el doble si tienen hijos mayores de 18 años. En lo que va de año, diez mujeres ya han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas: una cada cuatro días, y ninguna había denunciado.
Hoy se han concentrado familiares y amigos de Ana y Clara, las dos últimas víctimas de este fin de semana bajo el lema "luchar contra esta lacra". Para cumplirlo, Victoria Rossel, aludiendo a su experiencia como magistrada, apela a la educación e insiste no se conseguirá solo endureciendo las penas.
En una próxima reunión con las CC.AA trabajarán para que los servicios sociales -y no solo los juzgados- puedan acreditar la condición de víctima y agilizar así los protocolos de protección.
