Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un laboratorio clandestino en Badalona, Barcelona, donde un grupo criminal se dedicaba a la elaboración y distribución de productos alimenticios adulterados con cannabis. A simple vista, los productos parecían chocolatinas y golosinas comunes, pero contenían THC, el principal componente psicoactivo del cannabis.

El grupo criminal utilizaba un sofisticado método de producción en su laboratorio ilegal, donde extraían el THC para convertirlo en resina, que luego era incorporada a diversos alimentos mediante técnicas que incluían inyecciones y rociado con disoluciones especiales. Entre los productos adulterados se encontraban chocolatinas, patatas fritas y palomitas, que eran distribuidos tanto a nivel nacional como internacional, con envíos registrados a Francia, Italia y Alemania.

Santi López Pintando, jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos, explicó: "El método más común era rociar los snacks con una disolución de THC y luego secarlos en un horno, como ocurre con las patatas o las palomitas".

La red contaba incluso con una aplicación propia que permitía a los clientes elegir y comprar productos de su catálogo, con la particularidad de que los pagos se realizaban exclusivamente en criptomonedas, dificultando el rastreo de las transacciones. Se estima que la organización alcanzó movimientos financieros por valor de 445.000 euros.

La distribución de estos productos se realizaba a través de servicios de taxi y paquetería, tanto a asociaciones cannábicas en Barcelona como a clientes en el extranjero. A pesar de que algunos de los productos adulterados eran de marcas conocidas, las autoridades aseguran que no existe riesgo de encontrarlos en los supermercados.

Gerard Guiu, portavoz de la Asociación por la Defensa de la Marca, quiso transmitir un mensaje de tranquilidad: "Los productos en los supermercados están controlados y no presentan ningún riesgo para los consumidores". Los cinco detenidos, que ya han sido puestos a disposición judicial, enfrentan cargos por delitos contra la salud pública y la propiedad industrial.