La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal supuestamente dedicada a realizar estafas a través de internet y liderada por uno de los ciberdelincuentes españoles más activos, al que le constan 300 denuncias y ha sido arrestado en Rumanía.

Los agentes han analizado cientos de cuentas bancarias fraudulentas en las que han detectado movimientos de unos 10 millones de euros, han informado ambos cuerpos en un comunicado. La investigación de la bautizada como operación Kalinka-Tirano, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, se inició en agosto de 2021 después de que la Guardia Civil recibiese cinco denuncias de personas que aseguraban haber sido estafadas después de que secuestraran sus cuentas de WhatsApp.

A su vez, otras ocho víctimas denunciaron hechos similares ante la Policía Nacional, por lo que ambos cuerpos decidieron coordinarse y llevar la investigación de forma conjunta. A medida que avanzaban las pesquisas, que apuntaban a un hombre murciano como principal sospechoso, se llegaron a acumular más de 300 denuncias en toda España por diferentes tipologías de estafas.

Entre ellas, más allá del secuestro de las cuentas de WhatsApp y la solicitud de dinero a los contactos de las víctimas, destacan la contratación de micropréstamos y la apertura de cuentas bancarias fraudulentas; el phishing -obtener datos bancarios haciéndose pasar por una institución de confianza-; el smishing -instalar programas maliciosos a través de mensajes de texto- y la estafa del "hijo en apuros" -hacerse pasar por un familiar que necesita dinero de forma urgente-.

Cinco miembros de la banda en España

Las pesquisas permitieron identificar a cinco miembros de la banda en las provincias de Murcia, Málaga, Alicante y Tenerife, de los cuales cuatro fueron investigados. Tirando de ese hilo llegaron hasta el cabecilla de la organización, autor principal de las estafas y destinatario final del dinero: un ciudadano español originario de Murcia al que le constaban 33 requisitorias judiciales -algunas de las cuales ordenaban su ingreso en prisión- y que se encontraba fugado en Rumanía.

El hombre había comprado una impresora industrial para imprimir documentos de identidad falsificados con los que después abría las cuentas bancarias con las que blanqueaba los beneficios de las estafas. En total, calculan los investigadores, abrió cientos de cuentas empleando más de 55 identidades usurpadas con las que movió más de 10 millones de euros.

Ese dinero después lo invertía en la compra de criptomonedas, dado que tenía una estación de minado en su casa. Con todas esas pruebas, el Juzgado de Pamplona solicitó la emisión de una orden europea de detención, mediante la cual los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se desplazaron hasta su domicilio situado en el extrarradio de Bucarest. Tras su detención, fue extraditado y pasó a disposición del juez de la capital navarra, que decretó su ingreso en prisión provisional.

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