Fernando Blanco y Margarita Garau, los padres de Nadia Nerea, han sido detenidos este miércoles en el municipio de Santa Maria de Palma de Mallorca para cumplir la condena por estafa que pesaba sobre ellos al utilizar la enfermedad de su hija. Los padres de Nadia han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Palma de Mallorca.
En 2018, ambos fueron condenados a cinco y tres años y medio de prisión por estafar 402.000 euros en donativos en campañas de solidaridad con el objetivo de lucrarse con la enfermedad rara que sufría su hija Nadia cuando era menor de edad.
Condena a los padres de Nadia Nerea
La Sala Penal del Tribunal Supremo confirmó en julio de 2023 la condena de cinco años de prisión por delito continuado de estafa agravada para el padre de Nadia, así como la pena de la madre de la menor por el mismo delito. El Alto Tribunal rechazó el recurso que presentó el padre de Nadia contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que confirmó las condenas que la Audiencia Provincial de Lleida impuso a la pareja por urdir un plan aprovechando una enfermedad rara que sufría su hija menor de edad para obtener un lucro patrimonial ilícito.
La Sala consideró que los hechos probados de la sentencia confirmada recogen con total claridad que los padres constituyeron una Asociación para la Tricotiodistrofia y enfermedades raras de Baleares cuyo objeto social era recaudar fondos para la investigación de la enfermedad y ayudar a familias con niños con enfermedades raras. No obstante, su finalidad real fue la de "obtener el enriquecimiento personal de los acusados" a través de la asociación, de la que el padre era el presidente y la madre tesorera.
Claves del caso Nadia Nerea
La sentencia señalaba que la simulación generada por los acusados, al aparecer en medios de comunicación durante años, con su hija de corta edad, "apelando a la generosidad del público ante la urgencia de costosas atenciones médicas irreales y anunciando un desenlace de compromiso vital inminente de no recibir tales cuidados, también irreales, al tiempo que facilitaban un número de cuenta bancaria como canal recaudador de los donativos buscados, constituye un marco objetivo perfectamente idóneo para suscitar humanos sentimientos de solidaridad con la niñas y sus padres, y, en consecuencia, también moverles a realizar las aportaciones buscadas por los acusados, que lograron de ese modo sorprender la buena fe y la mejor voluntad de diversas personas que pensaban contribuían a la curación de la menor, si que tuvieran a su alcance ninguna posibilidad de desenmascarar a los defraudadores".
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantuvo las penas de prisión a los dos acusados, aunque en relación a las indemnizaciones por responsabilidad civil a los perjudicados, ordenó a la Audiencia de Lleida que individualizará en su sentencia la lista de los mismos con los importes de las donaciones que debían ser restituidas a cada uno.
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En otra resolución más reciente, de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo confirmó las indemnizaciones que los padres tenían que abonar a 65 perjudicados, que ascendía a un total de 62.284 euros, de los más de 400.000 en los que se evaluó la estafa.
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