La Guardia Civil ha detenido a siete personas e investiga a otras siete, entre ellas un veterinario, por supuestos delitos contra la flora y la fauna, falsedad documental, robos y maltrato de animales en la comarca abulense de La Moraña, situada al norte de la provincia de Ávila.
Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, se han intervenido 81 perros galgos, ante la sospecha de que pudieran haber sido robados, y se han formulado un total de 147 denuncias administrativas relacionadas con las condiciones higiénico sanitaria, además de haberse inspeccionado 258 perros.
La Guardia Civil sospecha que el fin último de los robos pudiera estar relacionado con apuestas ilegales, cuyo objetivo es la caza con galgo. Según las investigaciones realizadas en el marco de la operación Chase, los perros sustraídos que no eran buenos para la caza, eran abandonados o se sacrificaban de forma "cruel".
La operación se puso en marcha a finales del verano de 2016, cuando las continuas quejas formuladas por personas y ayuntamientos, sobre todo de La Moraña, pusieron de relieve la problemática de la caza furtiva en esta zona de la provincia, así como el robo de perros, sobre todo galgos.
Por ello, a partir de ese momento el Instituto Armado inició vigilancias específicas en la zona e investigaciones policiales que han culminado ahora con los catorce detenidos e investigados. Las pesquisas las inició la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Seprona, de la Comandancia de Ávila, pero al ver que coincidían con otras que, impulsadas por organizaciones de carácter medioambientalista y de protección animal, llevaba a cabo el Seprona de la Comandancia de Madrid, ambas fueron realizadas conjuntamente.
Los primeros indicios consistieron en la localización de un animal abandonado por cazadores furtivos en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres y en la localización de un grupo de cazadores furtivos en vigilancia aérea, por medio de helicóptero.
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Esa circunstancia llevó a detectar la falsificación en los perros galgos de sus cartillas e implantación ilegal de microchip, lo que permitió a lo largo de varios meses determinar las diferentes responsabilidades y forma de operar de este tipo de delincuencia.
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