Un presunto fraude a la Seguridad Social de 9.233.319 euros ha llevado a la Policía Nacional a detener a 28 personas e investigar a otras 17 en varias provincias de España. Esta operación ha contado con el apoyo de la Tesorería General de la Seguridad Social, según ha informado este miércoles la Dirección General de la Policía.

Varios agentes del cuerpo de policía han procedido a arrestar a los supuestos implicados por delitos de fraudes en cotizaciones y prestaciones, falsedad documental, insolvencia punible y usurpación de estado civil. La investigación comenzó a finales de 2018 cuando la Policía recibió varias denuncias sobre actividades ilegales para evitar el pago de las cantidades adeudadas a la Seguridad Social.

Para las autoridades, las personas investigadas eran, en su mayoría, los administradores de las empresas, familiares o testaferros que utilizaban para esquivar los controles de la Administración y derivar los fondos a sociedades pantalla. Así, dos compañías habrían monopolizado el fraude, la primera consistía en abonar en metálico los salarios a sus trabajadores, sin contrato ni dados de alta, con el fin de ocultar el balance económico de la empresa, que se benefició así de 376.884 euros.

Además, en la primera compañía, de acuerdo con la investigación policial, no se pagaba el sueldo a los empleados enfermos o de vacaciones y se les obligaba a trabajar de lunes a sábado. La otra sociedad inspeccionada, en concurso de acreedores, la cual contaba con el jefe en paro y actuaba sin trabajadores, se integró en una segunda compañía que, teóricamente, le iba a facilitar la financiación para saldar una deuda de 150.000 euros.

Poco después, la segunda sociedad solicitó a una tercera empresa ficticia, adquirida por la cantidad simbólica de un euro y a su vez sin trabajadores, un papel firmado por el que comunicaba una financiación de 700.000 euros. Esta última sociedad, sin relación en cuanto al objeto social con la primera, contaba con un único dirigente en desempleo que cobraba un subsidio y le inhabilitaba para facilitar dicha operación.

Las averiguaciones han constatado que esta tercera empresa utilizó a los trabajadores de la primera para labores administrativas y de producción en beneficio propio. Los arrestos se han llevado a cabo en Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Girona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora.

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