Ecologistas en Acción y Greenpeace presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del nuevo equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de suspender el sistema de multas de Madrid Central y, por tanto, permitir el acceso libre al centro de todo tipo de vehículos.
Para ambas organizaciones, la decisión del nuevo Consistorio supone la "suspensión de facto" de Madrid Central, lo que, recuerdan, "puede acarrear una importantísima sanción europea", al reactivarse el procedimiento de infracción paralizado tras la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones. El acuerdo de la Junta de Gobierno se apoyó en un artículo de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, el 247, que "en ningún caso da soporte a esta medida de moratoria de multas".
Al contrario, reza el recurso, se trata de "un mero subterfugio o excusa" para suspender de facto Madrid Central. Aunque el alcalde anunció que no revertirá Madrid Central, la decisión de permitir el tráfico libre en el centro los próximos meses supone, para ambas entidades, "un perjuicio para la salud pública, más aún en época de altas temperaturas y escasas precipitaciones".
En este sentido, apuntan que "en los pocos meses de funcionamiento ha conseguido reducciones históricas de los niveles de contaminación". Además, temen que la moratoria se dilate mucho más en el tiempo de lo que en principio se aprobó, hasta el 30 de septiembre.
Así lo hace sospechar "la contradicción en la que incurrieron los responsables municipales en la reunión con la Plataforma en Defensa de Madrid Central de ayer", ya que el alcalde y la vicealcaldesa se comprometieron a que el 1 de octubre se reinstaurarían las sanciones, con un Madrid Central reformado, pero el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, también presente en la reunión, declaró con posterioridad que eso "no era ningún compromiso", según explicó a las puertas del juzgado contencioso-administrativo el coordinador de Ecologistas en Acción y portavoz de la plataforma de Defensa de Madrid Central, Paco Segura.
"Casi 15 personas fallecen cada día en Madrid a causa de la mala calidad del aire", de modo que "no se puede banalizar con estos temas", agregó. Por su parte, la abogada de Greenpeace Lorena Ruiz-Huerta apuntó que "estamos en una situación de emergencia climática" y que "ni siquiera Madrid Central es una medida suficiente ambiciosa", ya que es "muy básica" en comparación con otras 300 ciudades europeas. “No es ningún radicalismo de izquierdas. Esta medida es la que salvó que España fuese llevada al TJUE", añadió.
Asimismo, el responsable de movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández, destacó que el Ayuntamiento ha demostrado que "han interpuesto está moratoria sin tener ni un solo plan, ni una sola idea, de cuál son esos cambios que quieren hacer".
Esta moratoria provoca, a su juicio, "incertidumbre", porque "no existe ninguna certeza de qué va a pasar con Madrid Central más allá de que la gente puede entrar al centro con coche contaminante sin recibir ninguna sanción", concluyó.
