El reciente aval de Amnistía Internacional a la tramitación de la ley sobre bebés robados pone el foco en la vulneración de derechos cometidos hasta bien entrada la democracia. Entre 2011 y este 2021 la Fiscalía ha abierto más de 2.100 diligencias, de las que solo 526 han llegado a juicio, mientras que la mayoría se archivan.
Durante 50 años se construyó un marco social que amparaba esos robos a madres de familia numerosa, humildes o muy pobres, mujeres solteras, separadas y casi todas con importantes carencias culturales y educativas, mujeres a las que se les anulaba su capacidad de decisión y eran médicos y religiosas quienes decidían lo que era bueno para los bebés.
Una de las víctimas de bebés robados es Ruth, quien dio a luz sola en 1993 en una clínica de Bilbao. Tenía 19 años, no estaba casada y era su primer hijo. La mujer cuenta que "antes de salir siquiera la cabeza del niño, el médico ya empezó a hacer aspavientos y gritaba: '¡Dios mío qué es esto!'".
Una vez sacaron al bebé, lo taparon directamente con una sábana quirúrgica, sin enseñárselo, pero Ruth pudo verlo y recuerda un niño normal "con color rosita". Era un niño que se movía y lloraba. Sin embargo, el médico le aseguró que tenía síndrome de Potter. "Me dio dos palmaditas y me dijo: 'Tranquila se va a morir'", recuerda la afectada.
Mientras, fuera, les informaron a su pareja y a su madre que el bebé había muerto, pero ni ella ni su familia pudieron verlo, ni despedirse. "Cuando le dije que quería enterrar al bebé se enfadó muchísimo", relata.
Se trata de un patrón que se repite en la mayoría de las sustracciones. En este sentido, Carmen López, portavoz de Amnistía Internacional España, señala que "a las madres solteras, a las madres que trabajan, a las madres que han tenido hijos por una relación fuera del matrimonio, a las madres que tienen familias numerosas o a las madres de pocos recursos, intentan justificar que a ellas se le mueren más los hijos que al resto de las madres".
Son mujeres con pocas posibilidades de enfrentarse a los médicos, y a las que durante décadas la ideología franquista responsabilizó de las muertes de sus hijos: "Lo justificaron con informes científicos de médicos, pediatras y psicólogos, donde utilizaban criterios 'tan rigurosos' como las condiciones sanitarias de la vivienda, pero basadas en el número de moscas que había en la casa", denuncia Carmen López.
El de estas víctimas es un duelo continuo y constante. Por eso, piden a los políticos que aceleren la ley estatal de bebés robados ya que, tal y como critica Mari Cruz, presidenta de SOS Niños Robados Madrid, "la ley no avanza, se están muriendo los médicos, y hay muchos hijos que están buscando que cuando lleguen a encontrar, las madres van a estar muertas". Mientras, la ley continúa en el plazo de enmiendas con un largo proceso por delante.
