El guardia civil Antonio Manuel Guerrero, condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales en los Sanfermines de 2016 junto a otros cuatro miembros de La Manada, seguirá en libertad hasta que la Audiencia de Navarra emita el auto sobre su intento de obtener el pasaporte en una comisaría sevillana. El auto sobre el reingreso o no en prisión de Guerrero puede tardar "varios días en llegar", ha señalado a los periodistas uno de los abogados al termino de la vista de hoy, de más de cuatro horas de duración.
Aunque era posible que el tribunal comunicara su decisión verbalmente una vez acabada la vista, los magistrados no se han pronunciado, por lo que el auto judicial puede conocerse durante los próximos Sanfermines, que comienzan mañana. En la vista de hoy han comparecido por videoconferencia, desde la Audiencia de Sevilla, Jesús Pérez, el abogado de Guerrero; el padre y la novia del guardia civil, los policías de la comisaría sevillana a la que acudió y funcionarios judiciales, así como la pareja del letrado, amiga del condenado.
El objetivo de la vista era investigar el intento de Guerrero, el pasado 25 de junio, de obtener el pasaporte en la comisaría de Tablada (Sevilla), algo que tiene expresamente prohibido en el auto de puesta en libertad provisional. Según la versión de Guerrero y su letrado, el guardia civil acudió a la comisaría, acompañado de su padre, para preguntar qué tenía que hacer al deber entregar el pasaporte en los juzgados, en el marco de las medidas cautelares de su auto de libertad provisional, y no tenerlo en su poder, además de creer que estaba caducado.
Frente a esta versión, la Policía ha elaborado un informe según el cual Guerrero pidió renovar su pasaporte sin aludir al cumplimiento de ningún auto judicial y, al saltar la alerta en el sistema de que no podía hacerlo -tiene prohibido salir del país y debe entregar su pasaporte en los juzgados-, se le comunicó y se marchó. Los tres magistrados, los mismos que emitieron la sentencia que condenó a los miembros de La Manada con un voto particular, tienen ahora, tras escuchar los argumentos de las partes, varias opciones, entre ellas decretar el reingreso inmediato de Guerrero en prisión por incumplir las medidas cautelares, endurecer las mismas sin llegar a encarcelarlo o mantener la libertad provisional.
A la salida de la Audiencia, Pérez se ha limitado a señalar que desconoce cuándo resolverá el tribunal de Navarra, si bien ha augurado que "va a tardar un tiempo". Mientras, Guerrero, que se ha marchado solo al salir del juzgado en dirección opuesta a la de su abogado y sin hacer ninguna declaración, continuará en libertad hasta que se emita el auto y mañana tendrá que volver a los juzgados de Sevilla a firmar, como el resto de los condenados, ya que el auto de libertad provisional establece que deben hacerlo todos los lunes, miércoles y viernes.
Al término de la vista, el abogado Víctor Sarasa, letrado del Ayuntamiento de Pamplona, que ejerce la acusación popular en este caso junto al Gobierno de Navarra, ha indicado que las acusaciones han pedido que se revoque la libertad provisional por el riesgo de fuga, que "se ve incrementado por las actuaciones de este señor, tendentes a la obtención de un pasaporte". Sarasa ha comentado que la versión que ha dado Guerrero de su actuación el 25 de junio ha sido "diametralmente opuesta" a la de los funcionarios que han testificado.
Los funcionarios, ha aseverado Sarasa, han confirmado que el guardia civil "no consultó nada" y que "simplemente quiso sacarse el pasaporte". Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pedirá al Gobierno de Navarra información sobre la filtración de datos personales de la víctima de La Manada. El CGPJ deberá determinar si se ha vulnerado la normativa de protección de datos, según ha decidido tras la reunión mantenida hoy para valorar un informe realizado por la vocal Victoria Cinto. En el informe se aprecia "un funcionamiento irregular en materia de protección de datos" por parte de la letrada de la Administración de Justicia de la sección segunda de la Audiencia de Navarra que remitió la sentencia al departamento de comunicación.
