Desde su aprobación hace dos años, hay medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género que aún no se han puesto en marcha.
Es lo que denuncian ONG y plataformas como a la que pertenece Begoña San José, que velan por su cumplimiento. "Una cosa que falla muchísimo es la prevención en el ámbito educativo. El 10% de las medidas es en el Pacto de Estado son en los colegios y centros educativos y eso no se ha puesto en marcha", defiende.
Aseguran que hay un sistema muy judicializado que no protege a las víctimas. Así lo reflejan los datos que expone San José: "De unas 150.000 denuncias que se ponen al año, solo 30.000 consiguen una sentencia condenatoria"
Pero hay más. El Pacto de Estado recoge que debe ampliarse el "concepto de violencia de género a toda violencia contra una mujer" por ser mujer. Sin embargo, los datos oficiales solo contemplan como víctimas de violencia de género a las asesinadas por sus parejas o exparejas.
Tampoco se han puesto en marcha medidas que impidan a un padre maltratador tener la custodia de sus hijos o participar del régimen de visitas. "El propio CGPJ reconoce que no se está aplicando. Reconoció que solo un 3% de los casos se está aplicando eso sabiendo que es un foco de conflictos", indica la experta.
Las hijas de Itziar Prats, de seis y dos años, fueron asesinadas por su padre en 2018. Ahora, la madre ha denunciado al Estado por que, asegura, no le hicieron caso cuando alertó del peligro.
"Cada vez que he ido al juzgado me he sentido fatal. Se me ha cuestionado e ignorado lo que he dicho. Nadie tuvo en cuenta las grabaciones que yo tenía ni la fotos del carrito de Martina destrozado", explica la madre.
Según el Ministerio de Igualad, hay medidas del Pacto que ya están en marcha. Por ejemplo, la mejora en la asistencia a las víctimas en procesos judiciales, la consideración de víctima a efectos administrativos y de seguridad social, la protección y apoyo psicológico a los menores y la mejora de las pensiones de orfandad.
Aseguran, además, que ya se han cumplido el 25% de las mediadas del Pacto, que tiene un plazo de aplicación de cinco años. Sin embargo, desde plataformas como la de Begoña aseguran que mientras no haya un Gobierno estable, las medidas administrativas seguirán paralizadas.
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