Los familiares de 115 personas ingresadas en 2020 en residencias públicas han presentado este jueves ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid una denuncia colectiva con pruebas inéditas para que se investigue "la discriminación sufrida" durante la primera ola de la pandemia de COVID-19.

Al grito de "Ayuso, escucha, seguimos en la lucha" y "No son muertes, son asesinatos", una veintena de personas se han concentrado frente a la Fiscalía, tras presentar la demanda, impulsada por las asociaciones 'Marea de Residencias' y '7.291: Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias'.

En el escrito presentado, los denunciantes han incluido pruebas inéditas, las cuales han calificado de "absolutamente relevantes", como ha sido el caso de unos informes en los que figura la "necesidad de personal", ya que las 72 residencias donde vivían las 115 víctimas de esta denuncia declararon el 7 de abril de 2020 que requerían 37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultoras.

Por otro lado, han aportado otro documento en el que se demuestra que la decisión de prohibir el traslado de los residentes a los hospitales se empezó a aplicar el 13 de marzo de 2020, cinco días antes de la aprobación del conocido como 'Protocolo de la Vergüenza'.

Asimismo, incluye un informe de la propia Consejería de Sanidad, en respuesta a una solicitud del Portal de Transparencia, que certifica que la orden de medicalización de las residencias nunca se llevó a cabo.

Esta denuncia ha sido interpuesta contra los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes a su vez fueron el firmante y el autor de los dos Protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes madrileños.

Entre los acusados también figuran Pablo Busca Ostalaza, director del SUMMA 112 en aquel momento; Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia, aprobado por el Gobierno regional, que incluía la supuesta una medicalización de las residencias, y los geriatras responsables de aplicar el Protocolo de la Vergüenza en los 25 hospitales públicos madrileños.

Durante la jornada, Carmen López, miembro de Marea de Residencias, ha pedido a la fiscalía que "se investigue de una vez" y que "recopile el resto de documentos", además de los aportados por los denunciantes.

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