El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha accedido a la suspensión cautelar, solicitada por el Pacma, y ha acordado la suspensión de las nuevas bases reguladoras del Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) para desarrollo del torneo del Toro de la Vega, cuya celebración está prevista para el próximo martes, 13 de septiembre. En las nuevas bases, aunque se prohíbe matar al animal, permiten clavarles arponcillos con punzones.
De este modo, con la suspensión cautelar de la orden del gobierno autonómico que permitía aplicar la nueva normativa del torneo aprobada por el Ayuntamiento el pasado mes de enero, la festividad se regirá por las mismas normas de los años anteriores, es decir, sin muerte del animal y sin la posibilidad de que los lanceros le coloquen divisas con arpones.
A raíz de un recurso del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA), el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se pronuncia así ante la próxima celebración de este festejo el martes. La nueva normativa del torneo también había sido denunciadas por el Ministerio de Derechos Sociales ante la Fiscalía, que sin embargo ha anunciado que no observa indicios de delito.
En concreto, el auto de este viernes por el TSJCyL accede a suspender la Orden autonómica del pasado 5 de julio, que daba luz verde a las nuevas normas del torneo, al entender que cumplían con lo establecido en la ley de 2016, por la que la Junta prohibió la muerte de astados en presencia de público durante los festejos populares y tradicionales.
La fiscalía no aprecia delito
El Partido animalista ha celebrado la medida inmediatamente en las redes sociales, donde han querido diferenciar este pronunciamiento del de la fiscalía de Medio Ambiente, que no accedió a la petición, que partió en este caso de Podemos.
Y es que la Fiscalía de Medio Ambiente no había visto "indicios de la comisión de delito alguno" en el torneo después de que el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 Gobierno le solicitase adoptar medidas para conseguir su paralización.
El fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha remitido este viernes al director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, un oficio en el que constata esa falta de indicios "sin perjuicio" de que se analice el "concreto ajuste" a la legalidad administrativa de la orden que sentó las nuevas bases reguladoras de este torneo.
Un "ajuste y control", dice el fiscal, que, junto a la eventual adopción de medidas cautelares, correspondería en todo caso a la jurisdicción contencioso-administrativa y no a la Fiscalía.
El ministerio público recuerda que ya se ha pronunciado en el mismo sentido en peticiones similares en los años 2007 y 2015 y explica que la cuestión esencial reside en que existe una base legal autonómica que permite la situación presente, y a la que se ha adaptado el modo de celebrar este tipo de festejos.
En consecuencia, el fiscal archiva las diligencias preprocesales que abrió tras recibir el escrito del director general, quien, junto a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, solicitó a la Fiscalía que tomase medidas para paralizar el tradicional torneo. Vestrynge lo calificó como "un caso de gravedad extrema de maltrato animal que no se puede seguir dando y que hay que pararlo".
No hay muerte del animal
El Ministerio de Derechos Sociales pedía paralizar el torneo al entender que, según sus nuevas bases reguladoras, podría derivar en un delito de maltrato animal pues, aunque prohíbe dar muerte en público al animal, se permite clavarle arponcillos con punzones, y alega que se contraviene el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla y León.
En el escrito presentado, el Ministerio recordaba que el citado reglamento establece que "en todos los espectáculos taurinos populares queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses, así como darles muerte en presencia del público".
El Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) aprobó en enero una modificación de la Ordenanza del Toro de la Vega que establecía un nuevo torneo, con nuevas reglas, que no finalizaba con la muerte del astado alanceado, después de que la Junta de Castilla y León aprobara en 2016 un decreto por el que se prohíbe dar muerte en público a reses de lidia en festejos populares.
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El nuevo concurso, limitado a cincuenta participantes, consiste en la colocación de una divisa en el lomo del astado a través de una lanza, con un máximo de siete arpones en caso de que antes no haya sido declarado un vencedor, que podría ser el propio astado si, en el tiempo y espacio determinado, ningún participante ha sido capaz de prender ninguna señal.
