La Fiscalía pide imputar a tres miembros de la Casa de Alba por los pozos ilegales en el entorno de Doñana

La Casa de Alba lleva tiempo bajo la lupa judicial por los ocho pozos sin licencia a través de los que estarían sacando de forma ilegal esa agua. Ahora, la Fiscalía pide ampliar esa investigación y que se impute a tres de sus conocidos miembros esa extracción ilegal de agua del entorno de Doñana.

La Fiscalía ha pedido al juzgado de Sevilla que investiga pozos 'no legalizados' en la finca Aljóbar de Aznalcázar (Sevilla), situada en el entorno de Doñana y perteneciente a la Casa de Alba. La fiscalía solicita además prorrogar el plazo de instrucción otros seis meses, que contarían a partir del próximo 9 de abril, y que se cite a nuevos investigados de la sociedad que lleva estos terrenos. En concreto, la Fiscal pide citar a los miembros del Consejo de Administración de Eurotécnica Agraria SA, la empresa que gestiona la finca, y que serían Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo.

Así lo refleja un escrito dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, al que ha tenido acceso laSexta, y en el que la fiscal asegura que "concurren indicios suficientes" para continuar la instrucción del procedimiento por hechos que serían "cuanto menos" constitutivos de un presunto delito contra el medio ambiente.

La fiscal habla en su escrita de constancia de una "extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural".

En último lugar, la fiscal pide a la Confederación Hidrografica del Guadalquivir que envíe "a la mayor brevedad" copia de todos los expedientes sancionadores incoado contra la citada empresa.

Declaración como investigado

Para este caso ya declaró como investigado el nieto de la Duquesa de Alba e hijo de Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg. Este aseguró aseguró el pasado 20 de febrero que había iniciado la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que motivó luego la causa judicial, apunta EFE.

Luis Martínez de Irujo explicó que accedió a la gestión de la finca en 2016, como parte de una herencia de su abuela, pero que no estaba en el funcionamiento diario de esta explotación agraria. Cuando llegó, se estaba finalizando una balsa para el riego que se abastecía de distintos pozos, según entendía él de acuerdo a lo permitido, añade la agencia. Sería a raíz de una denuncia en 2023 de la CHG cuando se inició la regularización de los pozos, a pesar de que este organismo de cuenca ya había estado con anterioridad en la finca y, según su declaración, no habría manifestado nada sobre estos, amplía.