Esta restricción se suma a las ya existentes de no cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.
Además, el documento amplía el periodo previo al corte de suministro en caso de impago, que hasta ahora para los consumidores vulnerables acogidos al bono social de electricidad habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio.
La Estrategia aumenta el plazo otros cuatro meses, durante los cuales el consumidor recibirá un suministro mínimo vital que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad, informó el Ministerio para la Transición Ecológica.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el objetivo de esta medida, junto al Real Decreto por el que se regulan las condiciones del autoconsumo de energía eléctrica, también aprobado este viernes, es "poner a la ciudadanía en el centro del nuevo sistema energético".
La iniciativa, dividida en cuatro ejes de actuación y 19 medidas, ofrece por primera vez una definición oficial sobre la pobreza energética, establece cuatro indicadores (gasto desproporcionado, pobreza energética escondida, incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada y retraso en el pago de las facturas) para su seguimiento -que determinan que, en la actualidad, existen entre 8,1, y 3,5 millones de personas que cumplen algunos de los criterios- y objetivos para su reducción a 2025, con una meta del 50% y, al menos, una disminución del 25%.
En concreto, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2017, un total de 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos (17,3% de la población); 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida (11,5%); unos 3,7 millones pasan el invierno a temperaturas inadecuadas (8%) y 3,5 millones han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas (7,4%).
Ribera consideró estos datos de "abrumadores" y señaló que se observa "un crecimiento importante" de la población vulnerable desde 2008, "con un pico en 2014", por ello aseguró que es necesario "atacar las causas estructurales" para reducir la población en situación de pobreza energética.
En caso del indicador de los hogares cuyo gasto energético en relación con los ingresos es más del doble de la media nacional, tiene especial incidencia en mayores de 65 años que viven solos (30,1%); mientras que la pobreza energética escondida afecta sobre todo a parejas con tres o más hijos (28,4%); los hogares de un adulto con niños dependientes económicamente (monoparentales) son los que más sufren la temperatura inadecuada (14,1%) en invierno; y ocurre lo mismo con el retraso de las facturas (13,5%).
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