En plena celebración del Orgullo, el Gobierno ha aprobado la conocida como Ley Trans, ese texto que tanto debate ha generado y que finalmente verá la luz con varios avances significativos en lo referente a derechos reconocidos para el colectivo.
El texto ha sido aprobado por el Gobierno en segunda vuelta en la víspera del Día Internacional del Orgullo LGTBI y un año después de que lo hiciera por primera vez.
Durante todo este periodo, el todavía anteproyecto de ley ha generado diversos debates sobre la autodeterminación de género que incluye para las personas trans y que generó las desavenencias entre los dos partidos socios en el Gobierno. Además, el texto genera rechazo en un sector del feminismo que considera que atenta contra los derechos de las mujeres.
En concreto, el texto permite realizar un cambio de sexo en el Registro Civil sin que sea necesario que la persona disponga, como se exige ahora, de un informe médico o psicológico clínico que acredite "disforia de género". Bastará con que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos, y que se ratifique en un plazo de tres meses.
Además, modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas y, entre otras cosas, contempla un régimen de infracciones y sanciones que invierte las reglas relativas a la carga de la prueba cuando se trate de discriminación al colectivo LGTBI.
La ministra Montero, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha celebrado la aprobación de la ley asegurando que "el Orgullo LGTBI hace de España un país mejor, más libre y más democrático".
"Pensamos que todas, todos y todes podemos sentirnos muy orgullosos del país que somos, un país donde todo el mundo puede ser quien es y, como decía el presidente Zapatero en esa aprobación del matrimonio igualitario, un país donde el Gobierno está aquí fundamentalmente para ampliar las oportunidades de felicidad de todas las personas", ha asegurado.
En esta línea, Montero ha señalado que, como ya sucedió en 2005, España vuelve a situarse "a la vanguardia de los derechos de las personas LGTBI".
Una de las figuras políticas más críticas con esta iniciativa fue la exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, quien aún estando en el cargo advirtió de que esta medida podría ser un "peligro 47 millones" de españoles.
Desde el Ministerio de Igualdad también se han mostrado críticos con la actitud del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacia este texto y, en concreto, por no cumplir los plazos para emitir el informe preceptivo correspondiente. Finalmente, este órgano judicial valoró de forma positiva la autodeterminación, aunque no a partir de los 16 años, como propone la norma, sino desde los 18.
