La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que el Ejecutivo está estudiando "cómo hacer" que los Servicios Jurídicos se personen como parte en defensa de las víctimas de delitos sexuales y, en concreto, de la víctima de 'La Manada'.
Celaá ha reconocido que ha generado sorpresa al Ejecutivo la libertad provisional de los cinco condenados de 'La Manada' por abuso sexual y ha anunciado su compromiso de estudiar una reforma de la ley en relación con estos delitos.
Celaá ha recalcado que "no todos los casos son iguales y este es un caso particularmente diferente" con unos "hechos probados gravísimos", sobre los que el Gobierno está "particularmente sensibilizado".
"Ella dijo no", ha enfatizado Celaá, quien ha recordado que es un hecho probado, aunque ha expresado el respeto a las decisiones judiciales. "Los hechos probados son muy graves, gravísimos, y el Gobierno se hace eco de la alarma social y de la preocupación social".
Ha explicado que el Gobierno de Navarra ha recurrido ya la decisión de la libertad provisional de los condenados, pero el Ejecutivo que no es parte en el proceso "a través de la Abogacía del Estado puede salvaguardar el interés de la víctima".
Celaá, que ha recalcado que el Gobierno trabaja por la seguridad de las mujeres y jóvenes, ha insistido en que el Gobierno ha decidido en esta reunión estudiar esta posibilidad.
"El Gobierno se hace eco de la alarma social, de la preocupación social de España en su conjunto, de las mujeres en particular, a las que quiere proteger y vamos a proteger", ha enfatizado. Ha destacado que "la regla de oro general es que un condenado esté en prisión condicional y se le mantiene sobre todo cuando tiene una sentencia de 9 años", con los cinco integrantes de La Manada, hasta cumplir "al menos la mitad" de la condena.
Además ha alertado de que "una sentencia condenatoria siempre es peligrosa" porque puede ser proclive a la fuga. La portavoz ha explicado que el Gobierno está trabajando en la aplicación de las medidas urgentes del pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como en la necesidad de aportar formación a los jueces y magistrados en materia de violencia de género.
También, ha destacado la importancia de analizar el Código Penal respecto a la tipificación de los delitos referidos a la violencia sexual.
