Ocho semanas de calvario, fue lo que sufrió Antonia Correa cuando estaba embarazada pero el feto tenía una malformación incompatible con la vida.
Supo que algo pasaba en la revisión de la semana 20 de embarazo, aunque cuando acudió a la sanidad pública de Murcia no le informaron, dice, de la enfermedad que sufría su hija. Cuenta que pidió a los médicos saber qué pasaba, y que cuando le hicieron la ecografía el médico no paraba de decir que "se veía algo" pero que "a lo mejor el embarazo salía bien".
Ella y su marido decidieron buscar una segunda opinión en una clínica privada en Madrid y allí ya le dijeron que tenía el 90% de posibilidades de salir mal. Con esa información, decidieron abortar, pero la sanidad murciana se negó a practicarle la interrupción del embarazo en la región y les desplazaron a Madrid.
Pagaron 700 euros más el coste del desplazamiento. Su abogada, Estefany Molina, de Women's Link Worldwide, cuenta a laSexta que se alegó el traslado porque no había médicos ni médicas en la región que pudiesen hacer la interrupción del embarazo, por lo que era "obligatorio para Antonia moverse a otra región".
Dicen que en todo momento los sanitarios de la sanidad pública murciana les hicieron sentir culpables cuando decidieron abortar. Además, aseguran que nos les explicaron los plazos estipulados en la ley para poder hacerlo, le quitaron su derecho a decidir y la hicieron sentir "despreciada".
Ahora, nueve años después, el Tribunal Constitucional le ha dado la razón: a Antonia se le vulneraron sus derechos a la integridad física y moral al haberse tenido que enfrentar a barreras que nunca debió enfrentarse. Ella solo espera que ninguna mujer se vea en su situación y tenga que pasar ese calvario.
