Efecto llamada, acuerdos con mafias, ayudas económicas... muchos son los bulos que se difunden contra los inmigrantes en WhatsApp, Facebook, Twitter e, incluso, en los en discursos de algunos partidos políticos.
Pero, sin duda, una de las falsedades más repetidas es que los inmigrantes, sobre todo los que se encuentran en situación irregular, son los que acaparan las rentas mínimas en España.
Este tipo de subvenciones están presentes en todas las comunidades autónomas y tienen por objetivo cubrir las necesidades de las familias que no tienen ningún tipo de ingreso y se encuentran en una situación de necesidad.
Para arrojar luz sobre estos datos y desmentir los bulos difundidos, 'Newtral.es' ha elaborado un mapa por regiones en el que se muestra el porcentaje de titulares extranjeros en este tipo de ayudas.
Según estos datos, de las 293.302 personas que recibieron una ayuda de una renta mínima, 74,6% eran españolas y el 25,4% restante, extranjeras. Si bien, cabe destacar que 'Newtral.es' no ha dispone de los datos de Andalucía, la única comunidad que no ha facilitado esta información.
En cuanto a los años anteriores, la ayuda no ha ido presentando una gran variación. En 2017 solo el 27,5% de estas ayudas fueron destinadas a personas extranjeras; en 2016, el 23,8% y en 2015, el 24,3%.
Por otro lado, hay que destacar que para acceder a estas ayudas hay que cumplir varios requisitos, relacionado con el empadronamiento, el empleo o la cuenta bancaria. Unos datos que hacen, prácticamente imposible que un migrante en situación irregular pueda acceder a estas subvenciones.
El empadronamiento, la residencia legal o la demanda de empleo son requisitos para solicitarla
En 10 comunidades autónomas, de las 17 españolas, y en Ceuta y Melilla las personas que solicitan esta renta tienen que disponer de la residencia legal. Mientras que en Andalucía, Navarra y Castilla La Mancha exigen estar inscrito como demandante de empleo.
Otro de los requisitos, en este caso compartido por todas las regiones autonómicas, es estar empadronado. En algunas basta con tener el padrón actualizado, mientras que en otras solicitan que el empadronamiento tenga uno, dos o cinco años.