La Policía los lleva a la frontera y los sube a un autobús de vuelta a Marruecos. Apenas 24 horas después de haber saltado la valla, el Gobierno español expulsa a los 116 migrantes que entraron en Ceuta: "Viola la propia ley de Extranjería española. El trato a los migrantes y refugiados de Marruecos es intolerable" defiende Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Dice el Gobierno que no son devoluciones en caliente porque, según ellos, los migrantes han tenido asistencia letrada, han sido identificados y se les ha tramitado la orden de expulsión. Algo que las ONG, no se creen: "Nos parece muy difícil que 116 casos en una ciudad como es Ceuta puedan ser atendidos en tan pocas horas" explica José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge.
Fuentes de Interior explican que esta expulsión se hace en base a un acuerdo con Marruecos firmado en 1992 por el ministro Corcuera, y que prácticamente nunca ha sido utilizado: "Hay que cumplir una serie de trámites, una serie de requisitos que en este caso parece que no se han cumplido pese a lo que diga el Gobierno" asegura Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica.
Desde Podemos critican el cambio de postura: "Lo que le pedimos al Gobierno es que sea leal a los compromisos en materia de derechos humanos que tiene nuestro país" defiende Txema Guijarro, diputado. De hecho, el PSOE llegó a recurrir al Constitucional ese apartado específico de la ley mordaza aprobada por el PP.
Aunque hace solo unos días, el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también lo justificaba: "En consideración a la legalidad vigente no han pisado territorio español". En 2017, el tribunal de Estrasburgo concluyó que las devoluciones en caliente efectuadas entonces por el Gobierno de Rajoy eran ilegales.
