La Justicia investiga a la alcaldesa popular del municipio madrileño de Alcalá de Henares por la filtración de un documento policial reservado del que su formación se sirvió para relacionar migración y delincuencia. Una filtración que se produjo poco después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la también popular Isabel Díaz Ayuso, asegurase que los migrantes de un centro de acogida estaban detrás de una violación.
Era 17 de enero cuando Ayuso vinculó el aumento de la violencia y las enfermedades a migrantes acogidos en un centro del municipio madrileño. "Se están investigando agresiones sexuales a mujeres del municipio, se producen peleas dentro y fuera del centro, se ha detectado también un brote de sarna", decía la dirigente regional.
Tan solo 24 horas después y tras el revuelo generado por sus palabras, Ayuso se puso de lado y cargó todo el peso de la culpa a la alcaldesa, Judith Piquet. En justificación a sus palabras, Ayuso aseguró que "lo único" que hizo el día previo "fue describir la situación" que le había "revelado con mucha preocupación la alcaldesa de Alcalá de Henares".
Ese mismo día, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, publicaba en sus redes sociales la imagen de un atestado policial sobre una agresión a una mujer. Con esa publicación pretendía justificar las palabras de su jefa. Una prueba que, en cambio, no vincula a los migrantes acogidos. "Joven de raza negra, vestido de negro y cambio de sudadera. Con mochila negra", rezaba el informe.
Es precisamente por la filtración de ese documento por lo que ahora se investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares, última responsable de la Policía Local. Piquet tendrá que aclarar cómo ese documento interno de la Policía Municipal llegó hasta Serrano. Eso sí, este mismo martes ya ha negado cualquier filtración, al tiempo que ha asegurado estar "muy tranquila" y ha vaticinado que "se va a quedar en nada".
No obstante, será la Justicia quien decida si Judith Piquet es la responsable de un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos. Un delito que puede llegar a ser penado con entre uno y tres años de inhabilitación. De esta manera, habrá que esperar a saber cómo pudo llegar ese documento confidencial a manos de terceras personas que además le dieron publicidad.
