Un profesor de un colegio de Ceuta está siendo investigado por presuntamente pedir y obtener fotos de sus alumnos desnudos y en poses eróticas. La jueza que investiga el caso le acusa de delitos de tenencia de pornografía infantil, corrupción de menores, abuso y agresión sexual e inducción a la prostitución de menores.

En un auto de procedimiento abreviado, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha dictado de forma "indiciaria" que este profesor, con las iniciales A.D.S. y décadas de trayectoria en el centro, contactó con algunos de sus alumnos cuando eran menores en persona o a través de Internet, según han informado fuentes judiciales. Este contacto se habría producido para "pedir y obtener" fotos de los chicos "desnudos" y, a veces, en poses eróticas que fue acumulando con el paso del tiempo "para su utilización personal".

En noviembre del año pasado se abrió el caso después de que la familia de un alumno denunciase ante la Guardia Civil el comportamiento del docente. Poco después fue detenido y al tiempo puesto en libertad. En enero de este año el centro en el que trabajaba decidió apartarle basándose en una orden de alejamiento de la instructora de la causa.

La magistrada ha decidido cerrar el caso pero ha dado diez días a la Fiscalía y a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral con calificación de los hechos, el archivo del caso o "excepcionalmente" la práctica de nuevas diligencias.

La resolución judicial apunta que el investigado presuntamente promovió "activamente" el "desarrollo precoz y tendencial de la vida sexual de los menores" hasta con "indicaciones" que fueron "notoriamente" más allá de lo que hubiese sido admisible en "su condición de profesor".

Igualmente se considera que pudo realizar "actos concretos de abuso sexual con menores" siendo el posible consentimiento de los mismos "irrelevante jurídicamente" y que incluso reclamó y logró "actos sexuales reales o virtuales mediante contraprestación, bien en metálico, bien en especie (regalos costosos de diversa índole), como refleja "la amplia y completa actividad instructora" desplegada por la Guardia Civil y el referido órgano judicial.

A tal narración de hechos "presuntamente acontecidos" llega la jueza, tras analizar pruebas como fotografías de las víctimas halladas en sus dispositivos electrónicos incautados en registro domiciliario, conversaciones de WhatsApp con las víctimas encontradas en su móvil, declaraciones y otras diligencias. Según el auto, el colegio es posible responsable civil para "la restitución, la reparación y la indemnización de los daños y perjuicios físicos, morales y materiales".

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