El informe de la ponencia de la Cámara Baja, aprobado el pasado miércoles, recoge la necesidad de una mejor formación de los jueces en materia de principio de no discriminación y, para ello, se introducen "pruebas selectivas de especialización en violencia sobre la mujer", análogas a otras especialidades ya presentes en el ámbito judicial y con un contenido que deberá decidir el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según el texto aprobado, en la fase teórica de formación multidisciplinar se incluirá el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la lucha contra la violencia machista en todas sus formas.
"El temario deberá garantizar la adquisición de conocimientos de acuerdo con el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y, en particular, de la legislación especial para la lucha contra la violencia machista, incluyendo la normativa europea, y los tratados e instrumentos internacionales sobre igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres suscritos por España", especifica la norma.
Del mismo modo, recoge que para el ascenso por escalafón será necesario que los profesionales hayan prestado tres años de servicios efectivos como jueces. Sin embargo, para presentarse a las pruebas selectivas o de especialización "bastará con dos años de servicios efectivos, cualquiera que fuere la situación administrativa del candidato".
El documento también recoge que se podrán presentar a las pruebas selectivas o de especialización en los órdenes contencioso-administrativo, social, civil y penal y en las materias mercantil y de violencia sobre la mujer, los miembros de la carrera judicial con categoría de magistrado y, como forma de acceso a la carrera judicial, los de la carrera fiscal. En ambos casos, será necesario haber prestado al menos dos años de servicios efectivos en sus respectivas carreras.
Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia machista, que será publicado y remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso de los Diputados. Esta información se incorporará a la Memoria Anual del CGPJ, tal y como se reclamaba en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista.
Además, se exige que el Poder Judicial impulse, junto con el Ministerio y las comunidades autónomas, la creación de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso. "Se procurará que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual", se apunta.
Este texto deberá pasar por la Comisión de Justicia en las próximas semanas, en donde deberá obtener el apoyo de la mayoría de los grupos y, después, volver a ser aprobado en el Pleno del Congreso, antes de pasar al Senado.
