El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha solicitado a las partes personadas en la causa seguida por el presunto asesinato del niño Gabriel Cruz que se pronuncien sobre la petición efectuada por los padres del pequeño para poder incinerar sus restos mortales a los que se dio sepultura el pasado mes de marzo tras un multitudinario y emotivo funeral en la Catedral de Almería.
El instructor Rafael Soriano ha dado 15 días a las partes para que respondan a este extremo a partir de la notificación del auto de levantamiento parcial del secreto de sumario, dictado el pasado martes y que se ha hecho llegar un día después a la acusación particular, a la defensa y al Ministerio Fiscal, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.
El propio representante legal de los padres de Gabriel, el letrado Francisco Torres, recordó ante los medios de comunicación que los tiempos marcados por el juez en la instrucción del caso suponían una "pena añadida" y un "calvario permanente" para Patricia Ramírez y Angel Cruz, quienes a lo largo de los últimos tres meses han solicitado "reiteradamente la incineración" de los restos del pequeño.
El magistrado prohibió la cremación del cuerpo del niño el pasado 13 de marzo y autorizó únicamente su entierro ante la posibilidad de que fuera preciso practicar nuevas pruebas o proceder a una segunda autopsia, si bien el juez ya cuenta con los informes precisos al respecto, que desde este momento están a disposición de las partes.
Fue en ese mismo día que la autora confesa del crimen, Ana Julia Quezada, declaró por primera vez durante más de hora y media ante los agentes de la Guardia Civil tras su detención en la Puebla de Vícar dos días antes, cuando transportaba el cuerpo sin vida y semidesnudo del menor en el maletero de su vehículo a más de 75 kilómetros de Las Hortichuelas de Níjar en donde 12 días antes se había iniciado una masiva búsqueda para intentar encontrar a Gabriel.
Por contra, su última comparecencia ante la autoridad ha tenido lugar esta misma semana, cuando el pasado lunes fue citada por le juez a declarar por última vez aunque, según su letrada Beatriz Gámez, no llegó a responder a las preguntas formuladas por el magistrado para salvaguardar su "derecho de defensa" en cuanto en tanto pesaba aún el secreto sobre las diligencias. No obstante, dichas preguntas en las que se interesaban detalles sobre cómo se sucedieron los hechos, sí quedaron registradas.
El instructor señalaría la pertinencia de esta última citación, que apenas se extendió durante media hora, antes de proceder a levantar el secreto de sumario sobre las actuaciones --prorrogado por última vez el 4 de junio--, aunque de manera parcial, ya que aún quedarían por recibirse determinadas diligencias de instrucción solicitadas con anterioridad.
De esta manera, sobre la causa en la que obran cerca de los 1.500 folios, se ha restringido el acceso a casi una veintena de papeles además de aquellos que puedan producirse con posterioridad sobre las pruebas aún pendientes de recibir.
Entre las diligencias practicadas se encuentran los informes periciales en relación a la autopsia, las escuchas policiales, los informes toxicológicos y otras pruebas encaminadas a esclarecer el crimen por el que la única acusada se encuentra investigada por asesinato, detención ilegal y un delito contra la integridad moral.
Las mismas fuentes han señalado que el juez también ha concedido un plazo de 20 días a las partes para que, una vez examinadas las actuaciones, propongan las diligencias que estimen convenientes y se pronuncien en la próxima semana si procede o no declarar la causa de especial complejidad. Previamente, las partes deberán acudir a la sede judicial para acceder la contenido de las actuaciones.
