"En relación con posibles testigos/perjudicados, y dada la fecha de inicio de sus tratamientos, no se considera útil ni pertinente para el esclarecimiento de los hechos investigados la diligencia interesada", señala la magistrada. Se da la circunstancia de que los afectados no han declarado jamás ante el juzgado pese a los múltiples peticiones cursadas. Una y otra vez todas ellas han sido rechazadas.
En esta última ocasión, los afectados de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, en Madrid, solicitaron que les tomara declaración en calidad de perjudicados por tratarse de víctimas de un delito de estafa, ya que son aquellos que pagaron los tratamientos en metálico cuando Funnydent "ya sabía que no iba a poder prestar el servicio ante el estado de la empresa", han explicado fuentes jurídicas.
"Los que tenían aseguradoras o compañías de seguros han visto cómo éstas se hacían cargo de su situación, pero los que pagaron en metálico se quedaron desnudos", añaden las fuentes. Igualmente, la jueza rechaza citar al propietario, Cristóbal López Vivar, al asegurar que "habiendo prestado ya el investigado declaración ante este Juzgado en dos ocasiones".
Es por ello que las fuentes no descartan que la jueza acabe archivando nuevamente el procedimiento, habida cuenta de que "no es partidaria de realizar nuevas diligencias", pese a que la Audiencia Provincial de Madrid así se lo ordenó cuando reabrió la causa al apreciar "indicios de delito" revocando el archivo de la magistrada. Por otra parte, en la investigación contra los dos antiguos administradores únicos de las clínicas, que fueron nombrados por el juzgado, la jueza ha requerido a uno de ellos que aporte abundante documentación que no figura en las cuentas entregadas al juzgado.
La magistrada pide a David Mateo López en una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, que aporte en el plazo de diez días "toda la documental relativa a los gastos que no constan justificados en el extracto de la cuenta bancaria de la administración judicial". En concreto, solicita las extracciones de dinero en efectivo, viajes, restaurantes, peajes, estaciones de servicio y seguros de los coches tal y como interesa la Fiscalía.
La investigación tiene su origen en una denuncia de López Vivar contra Rafael Segura Ramón Gabriel y David Mateo López por los delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa. Estos fueron nombrados por el juzgado como administradores judiciales el 12 de abril de 2016 para gestionar las clínicas en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, al declarar la intervención judicial de las sociedades mercantiles que conforman Funnydent, y hace un par de meses fueron cesados de sus puestos, de forma que López Vivar recupero parte del control de sus empresas.
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