Nuevas diligencias

La jueza de la DANA pide una lista de trabajadores del CECOPI y un informe sobre el edificio y sus cámaras de seguridad

Los detalles
La jueza quiere una lista completa de los trabajadores del CECOPI y saber quiénes estuvieron allí el día de la DANA. También ha encargado un informe a la Guardia Civil sobre las instalaciones, incluidos los sistemas de videovigilancia.

El presidente valenciano, Carlos Mazón, tras la reunión del Cecopi del día 30 de octubre.
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La jueza que investiga la gestión de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, quiere una lista completa de los trabajadores del Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI) y saber cuáles de ellos estuvieron allí el día 29 de octubre. La magistrada ha requerido esta documentación a la Conselleria de Emergencias y, a su vez, ha encargado a la Guardia Civil un informe sobre las instalaciones de dicho organismo, incluidos los sistemas de videograbación que hay en el edificio.

En concreto, en un auto al que ha tenido acceso laSexta, la jueza de Catarroja ha acordado este jueves nuevas diligencias de investigación que incluyen requerir a la Conselleria la relación de puestos de trabajo de los empleados del CECOPI. Deberán especificar las tareas, formación y datos personales de los trabajadores e identificar a aquellos que estuvieron presentes en el centro entre las 06:00 y las 23:59 horas del día de la catástrofe.

El auto pide documentación sobre el Plan Especial de Inundaciones y la información que se envió a los ayuntamientos y diputaciones que se pudieran haber visto afectados por la crecida del barranco del Poyo. Asimismo, requiere al director general del Medio Natural y Animal que informe sobre las acciones desarrolladas y el momento en que finalizaron las medidas de control del mismo barranco el 29 de octubre.

Las instalaciones del CECOPI, en el foco

Por otra parte, aunque rechaza realizar una inspección ocular en el CECOPI, la jueza ha librado un oficio para que la Guardia Civil elabore un informe sobre las instalaciones. Ese informe tendrá que incluir los datos de los sistemas de videograbación existentes en la entrada del edificio y en distintas estancias interiores, la información que comparten las pantallas instaladas, el sistema que garantiza la cobertura de red para el funcionamiento de la telefonía móvil o el sistema de gestión geográfica, entre otros aspectos técnicos.

Que la jueza pida información sobre estos detalles es particularmente relevante porque la Generalitat de Carlos Mazón, quien ha dado infinidad de versiones sobre a qué hora llegó a la reunión del CECOPI ese día, sostiene por último que lo hizo a las 20:28 horas. Como prueba, difundió precisamente una imagen de seguridad.

El momento de la llegada de Mazón al CECOPI a las 20.28 horas
La Generalitat muestra imágenes de Mazón llegando al CECOPI a las 20:28

También es importante el asunto de las pantallas, porque la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha aseverado que las personas que asistieron al CECOPI tenían la información de las miles de llamadas que llegaron al 112 ese 29 de octubre en una pantalla situada "enfrente" de donde estaban reunidos. Tampoco es baladí que pregunte por la cobertura de red en el CECOPI, porque Mazón ha esgrimido en más de una ocasión que había problemas de coberturaallí.

Al acordar estas nuevas diligencias, la jueza responde a la petición de una de las acusaciones populares, ejercida por Acció Cultural del País Valencia, aunque deniega otras, como la conservación de los datos de las comunicaciones electrónicas emitidas o recibidas desde el CECOPI. Estas, esgrime, no se pueden incorporar a la causa porque esta no se refiere a delitos dolosos.

Argüeso tendrá que declarar presencialmente

Por otra parte, en un segundo auto al que también ha tenido acceso esta cadena, la magistrada rechaza la petición del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, de declarar como investigado por medios telemáticos el próximo 11 de abril.

Una decisión que la jueza basa en la "gravedad de los hechos objeto de la investigación, homicidios y lesiones imprudentes", el elevado número de fallecidos, la "intervención de un gran número de partes" en la causa, la "falta de acreditación de dificultad alguna al objeto de personarse en el juzgado" y la "ausencia de razones de orden público ni de seguridad" que justifiquen que esa declaración no sea presencial.