El Ministerio Público sostiene que el procesado es padre de la víctima, nacida en 1991, con la que convivía en el domicilio familiar situado en el municipio asturiano de Siero. La mujer tiene una discapacidad psíquica consistente en un retraso mental ligero, con limitaciones en su funcionamiento intelectual y en su conducta adaptativa, y se le ha reconocido una discapacidad del 65%.

El procesado, aprovechando su ascendencia como progenitor sobre ella y su discapacidad, abusó sexualmente de ella durante once años en la vivienda de la familia en los momentos en los que ella estaba sola.

Inicialmente, el agresor fue puesto en prisión preventiva por esta causa y se acordó su libertad provisional tres meses más tarde con la prohibición, de forma cautelar, de acercarse a su hija y comunicarse con ella por cualquier medio.

La Fiscalía considera un delito continuado de abusos sexuales y solicita que se condene al procesado a nueve años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante el tiempo de la condena.

Además, se pide la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su hija y de los lugares que frecuente, comunicarse con ella por cualquier medio durante 13 años y una libertad vigilada durante nueve años. El Ministerio Fiscal solicita que el procesado pague una indemnización de 5.000 euros a su hija por daños morales.

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