La Audiencia Nacional juzga a cinco yihadistas (cuatro mujeres y un hombre) detenidos en 2014 en la operación Kibera por captar a chicas jóvenes para enviarlas a Siria como esclavas sexuales de combatientes del Dáesh, hechos por los que se enfrentan a penas de siete y ocho años de cárcel.

"El hombre está un grado por encima de la mujer, y así lo ha querido Allah", proclamaba el considerado cabecilla de este grupo, Yawad Mohamed (para el que la Fiscalía pide la pena más alta de ocho años de cárcel) en una conversación con una de las acusadas, Fauzia Allal Mohamed, que se enfrenta a siete años de prisión, al igual que las otras tres mujeres que también se sentarán en el banquillo.

Fauzia fue interceptada por la Policía en agosto de 2014 en el puesto fronterizo de Beni Enzar (Melilla) junto a una menor (testigo protegido en esta causa). Trataban de cruzar la frontera a Marruecos para encontrarse con miembros de una red de captación y envío de combatientes instalada en ese país, donde dos de sus integrantes fueron detenidos y condenados por integración en Dáesh.

"El fin ulterior de ambas sería desplazarse hasta Irak, e integrarse en las filas de la organización terrorista", indica la Fiscalía en su escrito de acusación. Las dos fueron de las primeras mujeres arrestadas en España por su disposición a unirse al Dáesh, descubriéndose la existencia de este tipo de redes de captación que llevaron a chicas jóvenes, incluso menores, a embarcarse en el viaje a Siria.

Ese fue el caso de Dunia, víctima de esta red, que fue detenida con 17 años y tras permanecer cerca de un año en un centro de menores, llegó a un acuerdo con Fiscalía y fue condenada a dos años de libertad vigilada tras mostrar su arrepentimiento y asegurar que se sentía en deuda con la sociedad. El grupo se distribuía entre Ceuta, Melilla y Barcelona, teniendo como rasgo común su proceso de radicalización a través de las redes sociales, y su actividad de captación.

El líder del grupo se relacionaba con casi todas los integrantes de la red, no solo con Fauzia, sino también con otras dos acusadas: Wuafila Mohan y Francis Carolina Peña Orellana, de origen chileno, así como con Dunia. Otra de las acusadas, Chimaa Bokhress, que tras un proceso de adoctrinamiento inició los preparativos para viajar a territorio del Dáesh (llegó hasta Turquía pero finalmente no consiguió cruzar la frontera), distribuía también propaganda yihadista para reclutar a otras mujeres.

La quinta acusada, Francis Carolina Peña, era administradora del grupo de Whatsapp "Abrázate al Islam", se encargaba de difundir propaganda yihadista y de captar mujeres "en contacto con los vínculos del Dáesh que se encontraban en Siria". También tuvo relación con Dunia y contrajo virtualmente matrimonio con el miembro el yihadista Melidi Fadli, de nacionalidad francesa y que se encontraba en Siria, pero fue detenida antes de poder viajar a ese país.

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