La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propone adelantar de agosto a enero la convocatoria de las becas universitarias para que los estudiantes dispongan de ellas antes de iniciar el curso, así como aumentar las ayudas por residencia de 1.500 a 2.700 euros, un 80 %. Lo ha hecho en el cuarto Estudio de reducción del gasto, en este caso referido a las becas universitarias, hecho público este miércoles, en el que esta institución plantea también revisar los criterios económicos de concesión de estas ayudas para garantizar la igualdad de oportunidades.
El estudio, en el que se incluye una encuesta a unos 22.000 universitarios de 73 universidades, concluye que 3 de cada 10 no habrían podido estudiar si no hubiese sido por la beca y el 22 % dice que tendría que buscar un trabajo o pedir ayuda económica para continuar los estudios. Además, plantea hacer campañas de publicidad y promoción de estas ayudas para mejorar la información que llega a los solicitantes, ya que el 17 % de los estudiantes que cumplen los requisitos no las piden por desconocimiento.
La propuesta de la AIReF de aumentar la cuantía de las becas de residencia tendría un coste de 98 millones de euros que se sumarían a los 122 que el Ministerio de Educación dedica a esta partida, lo que supone un incremento del 44 %. Este departamento destinó 816 millones de euros en 2016 a becas universitarias, un año en el que solicitaron las ayudas alrededor de 445.000 estudiantes universitarios (34 % del total), que habitualmente se conceden a dos de cada tres. La AIReF considera que las becas son un elemento clave para que los hijos de las familias más vulnerables puedan acceder a la universidad, de tal forma que acceder a ellas aumenta un 30 % la posibilidad de que logren titularse.
La propuesta de adelantar la convocatoria de las becas de agosto a enero tiene como objetivo que ningún estudiante potencialmente beneficiario tenga que renunciar a la universidad por no poder asumir los gastos, ya que más del 70 % reciben el dinero entre enero y mayo, durante el segundo cuatrimestre. El informe concluye que la cuantía es suficiente si los chicos estudian donde reside su familia, ya que el coste estimado de 3.964 euros prácticamente se cubre con los 3.920 euros que reciben. Sin embargo, estudiar fuera de casa cuesta unos 6.664 euros pero la beca, incluyendo la ayuda de residencia, se queda en 5.420 euros.
Según la AIReF, no se han actualizado los umbrales de renta (3 en la actualidad) que se siguen aplicando los del curso 2010-2011 ni se han revisado los requisitos económicos que se exigen para acceder a estas ayudas para adaptarlos a la nueva situación económica de España. También critica que el actual sistema de umbrales provoca grandes desigualdades entre familias con recursos similares, ya que, por ejemplo, una diferencia de un euro en la renta puede provocar recibir 1.500 euros menos de beca, por lo que propone aumentar estos tramos.
El informe no entra a valorar la parte variable de las becas, pero considera que habría que rediseñar el modelo para reducir la cuantía de esta partida. Esta dotación depende del número de estudiantes que soliciten las ayudas y cumplan los criterios y solo se reparte a los umbrales económicos más bajos primando la excelencia académica. La AIReF ha hecho público otro informe sobre ayudas predoctorales para la formación de personal investigador (FPI) y los contratos posdoctorales Ramón y Cajal, en el que resalta que el gasto que España dedica en este ámbito apenas tiene reflejo en términos de innovación y echa en falta la integración del sistema público de I+D+I con el sector privado.
España supera a los países del entorno en producción científica, mientras que solo se conceden 18 patentes por millón de habitantes frente a las 174 de Alemania o las 72 de media de la Unión Europea. La institución considera que el número de ayudas es insuficiente porque solo cubre al 21% de los potenciales investigadores y al 5 % en la fase posdoctoral y propone revisar periódicamente la generosidad de las becas para hacerlas más competitivas. Por último, cree que se puede mejorar la reputación de las instituciones y la calidad investigadora y critica la alta burocratización del procedimiento y su falta de transparencia.
El estudio señala que recibir una ayuda FPI puede conducir a corto plazo a peores resultados en algunos aspectos de la vida laboral, frente a los que no han recibido estas becas y se incorporan al sector privado en el que sí adquieren experiencia. Por el contrario, gozar de un contrato posdoctoral en el que prima la excelencia académica de los candidatos, mejora la producción científica y aumenta la probabilidad de obtener un empleo con mejor salario.
